En ese sentido, la ministra de Justicia dijo que un grupo de expertos internacionales “ha señalado que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos atribuibles a agentes estatales durante el 1 de septiembre y el 31 de diciembre”,
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia,
En medio de audiencias judiciales por la crisis de 2019, la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, se refirió este martes a los hechos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), defendiendo los procesos con base en el informe del GIEI y rechazó las denuncias de presión y persecución.
“Debemos negar enfáticamente y a mí me preocupa ese tipo de afirmaciones que ha realizado el juzgador. Sin embargo, es necesario aclarar que cualquier acción que se toma dentro de un proceso es una acción que está enmarcada en la ley”, sostuvo la autoridad.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó el pasado viernes que los tribunales de cada departamento revisen la situación de la detención preventiva de Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari.
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Indicó que “lo único” que hizo el Gobierno es “accionar conforme las posibilidades” que otorga la norma “para replicar en su momento una decisión que ha podido tener cualquiera de las instancias competentes que a nuestro parecer no se encontraban dentro de la norma”, sin embargo, son decisiones que se pueden “refutar”.
”Desde el Gobierno nacional queremos dejar en claro que nosotros respetamos la independencia de poderes y por supuesto las decisiones de las autoridades judiciales o de las autoridades que componen los órganos del Estado”, señaló Saravia.
Sin embargo, puso en mesa que el Estado es parte denunciante en el caso “golpe I” y las “masacres de Senkata y Sacaba”.
“Recuerden que a raíz de esos hechos luctuosos se ha conformado, a solicitud inclusive del Gobierno de la señora Añez, la presencia de la CIDH para que a través de la CIDH se pueda generar un grupo de investigación especial que es el GIEI que, en su momento, después de haber hecho una visita in situ y después de haber determinado los sucesos y los antecedentes, ha emitido un informe”, sostuvo.
En su juicio, “este informe ampuloso ha sido redactado con responsabilidad y de manera absolutamente objetiva” y “ha confirmado las masacres de Sacaba y Senkata, así como el uso desproporcionado que se hizo en su momento de las fuerzas sin tener una selectividad, pero además el uso de la fuerza por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas”
“También determinó que la mayoría de las víctimas en estos dos sucesos sufrieron heridas por armas de fuego”, añadió.
En ese sentido, la ministra dijo que el grupo de expertos internacionales “ha señalado que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos atribuibles a agentes estatales durante el 1 de septiembre y el 31 de diciembre”.
Saravia remarcó el GIEI “ha establecido para el Estado 36 recomendaciones a ser cumplidas por todos los órganos del Estado (…) sobre todo para evitar dejar en la impunidad los hechos suscitados”.
Recomendaciones
Mencionó que entre esas recomendaciones se citaba la investigación “para determinar los derechos de las víctimas y procesar y juzgar a las personas y aplicar sanciones en el caso de que fuera necesario a los responsables de estos hechos”.
También mencionó que el documento también establece que el Ministerio Público conforme grupos de trabajo para que se investigue estos hechos.
“Las investigaciones proceden a partir del Ministerio Público y el juzgamiento del Órgano Judicial. Por lo tanto, estas instancias, en conocimiento de estos hechos y de estos informes que ratifican la vulneración de los hechos han realizado las acciones que competencialmente a cada una le correspondían”, señaló la ministra.
Dijo que además se pronunció sobre el caso el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que “ha señalado que se debe investigar” y “sancionar” a los responsables, además de garantizar las reparación de las víctimas.
En ese marco, Saravia insistió que el Órgano Ejecutivo “somos absolutamente respetuosos de las decisiones que tome en este caso el Órgano Judicial y el Ministerio Público, sin embargo es importante instar a no olvidar los hechos luctuosos que se han suscitado en nuestro país en 2019”.
“Conforme a los informes internacionales han dejado más de 166 víctimas, de las cuales 37 han fallecido; tenemos a 420 víctimas heridas y 70 víctimas de tortura que no han sido reconocidas por nosotros, que han sido reconocidas y ha adquirido en esa calidad por expertos internacionales de diferentes instancias de derechos humanos”, sostuvo.
Afirmó que al Estado lo único que le queda “es garantizar la reparación, la indemnización, pero sobre todo que no exista impunidad por parte de quienes en su momento han sido partípes de estos hechos por un simple motivo: memoria, verdad y justicia”