La reciente directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar en 24 horas las detenciones preventivas de figuras políticas emblemáticas ha puesto al descubierto una crisis profunda y estructural en el sistema judicial boliviano.
La encrucijada de la justicia boliviana
El 22 de agosto de 2025, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, emitió un instructivo que ordena a los tribunales departamentales revisar con urgencia —en un plazo máximo de 24 horas— las medidas cautelares de detención preventiva que afectan a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. El TSJ defendió la medida como la máxima expresión de independencia judicial y no una intromisión política.
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Desde la perspectiva de este trabajo, la medida debería servir no solo a estos casos mediáticos, sino que se aplica universalmente, pues el principio constitucional de igualdad ante la ley impone que todos los jueces pueden, incluso de oficio, revisar y asegurar el respeto a los plazos legales en la detención preventiva de cualquier ciudadano, sin distinción.
Detención preventiva: De excepción a regla
La detención preventiva es la medida cautelar más severa que puede afectar a un imputado, un individuo que aún goza de la presunción de inocencia. En la teoría legal boliviana, basada en el Código de Procedimiento Penal y sus reformas, esta figura debe usarse solo de forma excepcional y en último recurso, para garantizar que el acusado no evada la justicia ni obstruya la investigación.
No obstante, en la práctica esta medida se ha transformado en la regla general. En diciembre de 2022, el 66,19% de los privados de libertad estaban en detención preventiva; en junio de 2025, el porcentaje seguía alarmantemente alto, con un 58,2% de 33.275 presos en esta condición. Esto convierte a Bolivia en uno de los países con la tasa más alta de presos sin sentencia en la región.
Esta desconexión profunda entre la norma y su aplicación es resultado de criterios ambiguos para evaluar riesgos procesales y una cultura judicial que prefiere la prisión preventiva como primera respuesta, más que como último recurso.
Casos emblemáticos: Política y justicia selectiva
Desde la óptica del autor, la raíz de la crisis radica en dos vertientes complementarias: por un lado, la detención preventiva se ha convertido en una herramienta política para neutralizar adversarios; por otro, miles de ciudadanos de bajos recursos carecen de una defensa técnica adecuada, lo que los condena a largas detenciones sin sentencia ni garantías. Esta doble realidad configura una injusticia estructural no solo contra quienes tienen influencia política, sino también —y de modo más silencioso— contra los más vulnerables.
Los casos de Añez, Camacho y Pumari ilustran esta problemática con claridad. Por años permanecen privados de libertad en procesos plagados de retardación y ampliaciones arbitrarias de sus medidas cautelares, lo que ha sido denunciado como una violación de sus garantías procesales.
Jeanine Añez fue detenida en marzo de 2021 y condenada a 10 años por «golpe de Estado II», pese a múltiples cuestionamientos legales sobre la constitucionalidad de su juicio.
Luis Fernando Camacho , arrestado en diciembre de 2022, permanece en detención preventiva en el penal de Chonchocoro con su proceso suspendido reiteradamente.
Marco Pumari lleva bajo detención preventiva desde diciembre de 2021, enfrentando cargos relacionados con terrorismo y asociación delictuosa.
Mientras tanto, miles de personas de bajos recursos permanecen en las cárceles sin sentencia, sin acceso a una defensa adecuada. La revisión ordenada por el TSJ a los casos mediáticos contrasta con la inacción frente a la mayoría de los detenidos preventivos, evidenciando una selectividad que contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Causas profundas de la crisis judicial
La detención preventiva se ha convertido en un instrumento de control social y político, en lugar de una medida procesal excepcional. El análisis judicial muestra que en el 85% de los casos se impone esta medida, y los fiscales la solicitan en hasta un 96% de los procesos en ciertas regiones como Santa Cruz. No existe evidencia clara de que esta práctica reduzca la criminalidad, pero sí perpetúa una crisis humanitaria y de derechos humanos.
Además, la ineficacia institucional agrava la problemática: audiencias clave para cesar la detención preventiva se suspenden por falencias como falta de notificación (31%), recarga procesal de jueces (29%) e inasistencia del Ministerio Público (13%). Esta retardación transforma la prisión preventiva en una condena anticipada, fomentando la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento que supera el 180% de la capacidad en varias prisiones.
La falta de independencia judicial también es factor central. La política permea la elección de jueces, la influencia de otros poderes y la carencia de recursos erosionan la autonomía de los operadores de justicia, facilitando la persecución política mediante herramientas cautelares.
Propuestas para una reforma integral
La solución a esta crisis no puede ser parcial ni selectiva. Bolivia requiere una reforma estructural con tres pilares fundamentales:
- Legislación clara y precisa: Redefinir las condiciones para imponer la detención preventiva, con criterios objetivos y un análisis individualizado del riesgo procesal.
- Fortalecimiento judicial: Capacitar jueces para una fundamentación rigurosa, implementar mecanismos efectivos para la revisión oportuna de medidas cautelares y frenar el retardo de los procesos. Cabe enfatizar que, según el instructivo del TSJ, los jueces pueden y deben actuar de oficio para asegurar el respeto a los límites legales de la detención preventiva, garantizando así el principio de igualdad ante la ley.
- Sistemas alternativos: Fomentar el uso de medidas no privativas de libertad, como monitoreo electrónico, garantizando la presencia en el proceso sin agravar la crisis carcelaria.
Además, el Estado debe fortalecer la defensa pública y garantizar la autonomía de organismos como la Defensoría del Pueblo, para una protección consistente de los derechos humanos.
Conclusión: Justicia para todos, no solo para algunos
El instructivo del TSJ pone las luces sobre casos de alto perfil, pero evidencia la profunda crisis que atraviesa el sistema judicial boliviano. La detención preventiva, concebida para ser la última ratio, es la regla que mantiene un sistema carcelario colapsado y una justicia desigual.
Aunque la revisión de estos procesos emblemáticos es bienvenida, la verdadera justicia llegará solo cuando los principios de debido proceso, igualdad ante la ley y presunción de inocencia sean garantizados a todos, sin importar la condición política o social.
La confianza ciudadana en el sistema se recuperará cuando la ley sea aplicada de manera imparcial y rigurosa, y se abandone la práctica selectiva y política que hoy descompone la justicia en Bolivia. La reforma integral es urgente y necesaria para que la detención preventiva deje de ser una prisión preventiva para la democracia.