Quienes «mantienen el orden» en el penal «organizan cobros, recaudaciones y controlan el ingreso de alcohol y drogas» aseguran los internos.
Fuente: ANF
El penal de San Pedro, en La Paz, se ha convertido en un microcosmos donde los negocios ilícitos, las rivalidades y las ejecuciones internas marcan la vida de los privados de libertad. Testimonios recogidos por ANF revelan cómo bandas organizadas ejercen control sobre actividades económicas ilegales, en complicidad con delegados y funcionarios policiales.
José (nombre cambiado), un interno que lleva años dentro del penal, asegura que los grupos conocidos como “disciplinas”, bajo la estructura del Consejo de Delegados, ejercen un poder que va más allá de la administración penitenciaria. “Ellos no solo mantienen el orden interno, también organizan cobros, recaudaciones y controlan el ingreso de alcohol y drogas al penal”, afirmó.
El relato de Juan (nombre cambiado) muestra la violencia con la que operan. Él cuenta que fue agredido cuando estaba en la sanidad del penal. “Un policía me empujó hacia adentro, todo estaba oscuro y un grupo de cuatro disciplinas, dirigidos por Y., intentaron matarme. Me tomaron del cuello hasta que perdí el conocimiento”, relató.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Según estos testimonios, los delegados recaudan dinero y alcohol de todos los vendedores, incluidos quienes trafican con droga, bajo la mirada permisiva de algunos policías. También organizan colectas para introducir sustancias prohibidas o bebidas, pagando a funcionarios encargados de la seguridad.
Uno de los negocios está en la distribución de bebidas. “El Consejo de Delegados se encarga de la compra y venta de la Coca-Cola para todas las tiendas del penal. Antes existía un bono que se entregaba a los internos por esta venta, pero lo quitaron. Ahora ellos mismos centralizan pedidos y dinero, lo cual es una irregularidad más”, explicó José.
El control del “callejón”, uno de los sectores donde se concentra la venta de droga, es otro foco de poder. “El que quiera vender ahí debe pagar hasta 500 bolivianos al Consejo”, aseguró Juan. Las disputas entre vendedores por ese espacio han provocado múltiples enfrentamientos internos.
La presencia de organizaciones internacionales también pesa dentro de San Pedro. El “Comando Vermelho” y el Primer Comando Capital (PCC) tienen “soldados” bolivianos reclutados por internos brasileños. Muchos de esos líderes fueron trasladados a otros penales, pero dejaron detrás a decenas de “bautizados” dispuestos a activarse por órdenes externas.
Manuel (nombre cambiado) explicó que esos soldados podían ser activados para diferentes tareas: “Cobrar deudas o cumplir ‘trabajitos delicados’. El mensaje llega de afuera y se cumple adentro”.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, defendió en un acto público que se han hecho esfuerzos para desmontar estas estructuras. “San Pedro es el penal que más golpes ha dado en el último tiempo, desarticulando bandas criminales y sacando droga y alcohol del recinto”, aseguró el 28 de julio. Sin embargo, la Unidad de Comunicación de Régimen Penitenciario no respondió a las consultas específicas sobre las bandas.
Los testimonios apuntan a que los traslados de internos no siempre responden a medidas de seguridad, sino a pactos con delegados o clanes. Mateo (nombre cambiado) recuerda el caso de “El Chancho”, quien fue confinado en el sector Muralla por riesgo de su vida. “El delegado de Muralla pidió su traslado a población con la complicidad del director del penal y Régimen. Pocos días después, fue apuñalado”, relató.
José también apunta que ese mismo delegado, con poder y dinero, fue quien ordenó que un interno conocido como “Tacubayo” fuera trasladado primero a una celda de castigo y luego a Cochabamba. “Fue el mismo que sabía perfectamente que mover al Chancho a población significaba su muerte”, aseguró.
Más allá de las estructuras formales, operan clanes como La Hermandad, Los de la Pinta, Los Hermanos Aranda y Los Cochalos. Según Manuel, algunos de estos grupos, especialmente los “cochalos”, eran temidos por su violencia y capacidad de organización, aunque muchos fueron trasladados a otros recintos.
El negocio, coinciden los internos, está marcado por intereses y envidias. “El policía al que le pagaba me informaba quién me estaba denunciando. Acá todo se mueve con plata y contactos”, explicó Manuel.
Ese entramado ha generado líderes con acceso directo a las autoridades. “Hay jefes como ‘Doble “E.” que incluso se saludan con abrazos con el director del penal. Ellos piden traslados a cambio de dinero”, añadió.
Las ejecuciones internas son parte del sistema de control. Juan afirmó que, aunque se diga que hay vigilancia, Régimen Penitenciario suele mirar hacia otro lado. “Si trasladan a alguien, es momentáneo. Luego lo vuelven a traer porque los jefes negocian su retorno. Eso pasó con el que mató a Flores Reynaga”, dijo.
Los asesinatos se producen, en su mayoría, por deudas, rivalidades de negocio o encargos. “En un caso alguien pagó desde afuera para que maten a otro. Adentro contrataron a un grupo y ellos lo ejecutaron”, contó Manuel.
De acuerdo a datos proporcionados por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, de 2020 a 2024 se registraron 43 muertes violentas en los penales del país. En el mismo periodo se contabilizaron 21 supuestos suicidios.
Mateo recuerda que en Chonchocorito, una sección de supuesta rehabilitación en San Pedro, el grupo la Hermandad tuvo responsabilidad en la muerte de “El Coico”, aunque su muerte se registró como suicidio. “Ahora la Hermandad está en la directiva. Ellos controlan todo”, dijo.
El poder de las directivas es decisivo. “Si quiero ser delegado, necesito apoyo de los grupos. La directiva está formada por cargos como Hacienda, Estudios, Trabajo, Deportes, cinco disciplinas, tres asistentes y cinco vigilantes. Ellos manejan cobros y extorsiones. En Chonchocorito sobre todo a los nuevos y a los que llegan detenidos por no pagar pensiones. Por medio del delegado, la plata llega al coronel”, relató José.
Quienes se oponen a esas estructuras corren riesgos extremos. “A los que se ponen en contra los sancionan, trasladan o, en el peor de los casos, los matan. En mis más de diez años preso he visto al menos 30 muertes por disputas internas”, afirmó Manuel.
El testimonio de los internos revela que la cárcel se ha convertido en un espacio donde el crimen no se detiene, sino que se reinventa y se fortalece con complicidades externas. Como resume Juan: “Aquí, sin clanes, sin drogas y sin alcohol, no es cárcel”.