El oro ilegal en el sur de Venezuela: violencia, devastación y complicidad estatal

 

Fuente: infobae.com

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“A veces los jóvenes se ven en problemas y solo tienen dos opciones: unirse a la guerrilla o ser asesinados”, relató un minero indígena de la Amazonía venezolana a International Crisis Group. Sus palabras ilustran la crudeza de la vida en los estados de Bolívar y Amazonas, donde el auge del oro ha transformado la región en un territorio marcado por la violencia, la explotación y la destrucción ambiental. Según el análisis de International Crisis Group, la campaña del régimen de Nicolás Maduro contra la minería ilegal funciona como una fachada: tras ella, las fuerzas armadas y grupos armados, tanto nacionales como extranjeros, se apropian de los recursos y sostienen sus alianzas.

El aumento del precio internacional del oro ha desencadenado una fiebre minera sin freno en el sur venezolano. Las redes criminales, guerrillas colombianas y élites corruptas han prosperado mientras los ecosistemas se destruyen y las comunidades locales sufren violencia, explotación sexual, trabajo infantil y ejecuciones.

En los últimos diez años estos problemas se agravaron, ya que los grupos armados y organizaciones criminales consolidaron su control en Bolívar y Amazonas, desplazando a la población local y a los mineros artesanales, quienes dependen de la voluntad de quienes dominan las minas.

Desde 2022, el régimen ha desplegado tropas con argumentos ambientales. Sin embargo, las fuerzas armadas han utilizado estas operaciones para reconfigurar el reparto de poder en las minas y apropiarse de los recursos, o exigir pagos para permitir la explotación. La connivencia con el ELN y disidencias de las FARC consolidó el control sobre numerosos yacimientos.

Testimonios recogidos por International Crisis Group muestran que las guerrillas imponen su ley, recaudan pagos en oro, reclutan a jóvenes indígenas y generan terror. “Esencialmente, ellos brindan protección contra los criminales”, sostuvo un administrador de una mina, evidenciando la ambigüedad moral que enfrentan las comunidades.

Las organizaciones criminales venezolanas, conocidas como sistemas, dominan la minería ilegal en Bolívar desde hace más de una década. Originadas en sindicatos y prisiones, exigen parte de la producción o directamente gestionan minas, ampliando sus actividades al tráfico de combustibles, drogas y explotación sexual. Su influencia llega hasta Guyana, donde extorsionan a mineros y comerciantes. Realizan obras de caridad y patrocinan eventos, pero su violencia y la intimidación son sus herramientas fundamentales de control.

El marco legal conocido como Arco Minero del Orinoco buscó en 2016 atraer inversiones extranjeras frente a la caída de los ingresos petroleros. Sin embargo, la opacidad contractual, la ausencia de datos oficiales y la participación de empresas vinculadas a militares han alimentado la corrupción y el lavado de oro ilegal. Un estudio de Transparencia Internacional citado por International Crisis Group señala que aproximadamente el 30 % de la producción queda en manos del crimen organizado, y solo una cuarta parte llega al Banco Central de Venezuela.

La magnitud de la minería ilegal es difícil de determinar, pero en 2023 abarcaba 140.000 hectáreas —un aumento de 59.000 hectáreas con relación a 2018—, ubicando a Venezuela con más del 30 % de los sitios de minería ilegal en la cuenca amazónica. La frontera legal es difusa: empresas registradas operan como fachadas y el oro ilegal se procesa en el sector público y privado. A pesar de las sanciones de Estados Unidos desde 2018, el oro venezolano sigue llegando a Emiratos Árabes Unidos, Irán, Turquía y a través de triangulaciones en Colombia, Brasil, Guyana y el Caribe hasta Europa y Asia. “La imaginación criminal no conoce límites”, advirtió un alto funcionario colombiano, aludiendo a la sofisticación de las redes de contrabando.

El impacto en las comunidades indígenas es devastador. Representan cerca de la mitad de la población del estado Amazonas y enfrentan la invasión de sus territorios, divisiones internas y la pérdida de sus medios de vida tradicionales. Muchos abandonaron la agricultura para trabajar en la minería, otros fueron cooptados o amenazados por grupos armados. Se documentaron casos de trabajo infantil, esclavitud moderna y violencia sexual.

Un informe de derechos humanos venezolano citado por International Crisis Group identificó diez casos de esclavitud moderna, que abarcan explotación laboral y sexual, servidumbre doméstica y trata de personas.

La minería no ha traído desarrollo: en Bolívar, el 82 % de la población vivía en la indigencia en 2021. La inseguridad alimentaria afecta a todos los hogares de los municipios mineros como Roscio, El Callao y Sifontes. Los servicios básicos están colapsados, con cortes de electricidad, escasez de agua y un sistema de salud fallido. Las organizaciones humanitarias enfrentan grandes obstáculos para operar y deben negociar con autoridades, militares y grupos armados, sin mencionar temas como desplazamientos forzados o violencia estatal.

El daño ecológico es alarmante. El mercurio y otros químicos contaminan ríos y suelos, afectando la salud y la fauna. En 2023, la minería ilegal había invadido 27 de las 41 áreas protegidas de la Amazonía venezolana, y la deforestación avanzó al 170 % anual. Entre 2017 y 2020 se talaron más de 22.000 hectáreas en parques nacionales como Caura, Canaima y Yapacana. Incluso el Cerro Delgado Chalbaud, nacimiento del Orinoco, fue devastado por mineros brasileños. La infraestructura para la vigilancia ambiental prácticamente desapareció por recortes y corrupción generalizada.

Para International Crisis Group, la presión internacional debería enfocarse en el discurso ambientalista de Maduro y su necesidad de legitimidad tras las elecciones. Los mayores compradores de oro —en especial en Oriente Medio y Asia— podrían exigir garantías de trazabilidad y certificación de origen para el oro venezolano, impidiendo que provenga de zonas de conflicto o actividades ilícitas.

La formalización de la minería, limitada a territorios no protegidos y bajo control y vigilancia estrictos, podría redirigir los beneficios al Estado y a las comunidades, antes que a redes criminales. No obstante, este proceso exigiría cambios profundos en gobernanza, transparencia y aplicación de la ley, condiciones que actualmente no existen en el país.

Mientras tanto, la devastación social, humanitaria y ambiental en el sur venezolano avanza, alimentada por la codicia de los actores armados, la complicidad estatal y la indiferencia de los mercados internacionales.