Debido a que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 se debe presentar a la Asamblea Legislativa hasta fines de octubre, desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Libre ya anuncian ajustes generales al proyecto que elabore el Gobierno saliente.
La senadora electa por La Paz del PDC, Ana María Crispín, indicó que lo primero que se debe evaluar es la reducción del gasto corriente, ya que por ejemplo hay como 1.300 millones de bolivianos que se van a agasajos, fiestas o eventos en la administración gubernamental que se han identificado y que se tienen que achicar.
“Tenemos que ver cuáles son los gastos en cinco años, desde empresas deficitarias hasta ministerios, como el de Justicia, que queremos eliminar. Pretendemos revisar los gastos y empezar a achicar, tenemos que analizar qué instancias públicas se cierran”, precisó.
Añadió que otro tema importante es dar solución a la falta de divisas y para ello se buscarán mecanismos, para que no existan restricciones y que los empresarios que cuentan con dólares los vuelvan a inyectar al sistema financiero. “Hay que analizar el tipo de cambio oficial que se mantiene congelado. En El Alto, el sector privado está generando el ingreso de divisas, pero la banca pone límites, por eso tenemos que ver la forma de premiar a las empresas que traen divisas y trabajar con el oro”, puntualizó Crispín.
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Ramiro Cavero encargado del programa económico de la Alianza Libre, explicó que si se logra la presidencia con la votación de la segunda vuelta, se deberá revisar el PGE que envíe el Gobierno a la Asamblea Legislativa.
“Tenemos que hacer un ajuste general, ojalá se pueda hacer en diciembre o, en el peor de los casos, se puede presentar un PGE reformulado en enero, no se ejecutará el presupuesto que presente el Gobierno”, puntualizó.
La gran ventaja, de acuerdo con Cavero es que si el ejecutivo actual, presenta un PGE con mucho gasto, eso es más fácil de ajustar legalmente y presupuestariamente. Lo que no se puede hacer es gastar más de lo que autoriza la Asamblea, se necesita otra ley, no se puede aumentar la partida de salarios o quitar inversión pública para llevarlo a gasto corriente”, explicó.
Mediante la Resolución Biministerial No 10 del 29 de julio de este año, los ministros de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aprobaron las directrices de formulación presupuestaria para la gestión 2026, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público.
Las directrices tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el mediano y corto plazo.
El documento subraya que las mismas son de aplicación obligatoria para las entidades del sector público que comprenden: los Órganos del Estado, las entidades que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado; gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos; universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas entidades que forman parte del PGE.
Las entidades del sector público deben transparentar la información sobre el uso y destino de los recursos públicos, los resultados del cumplimiento de las acciones y metas establecidas, en el mediano y corto plazo, programadas en los planes y presupuestos institucionales, utilizando instrumentos disponibles como portales informáticos, audiencias públicas y otros.
La segunda vuelta electoral entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula a Rodrigo Paz, y la alianza Libre, que candidatea a Jorge Tuto Quiroga, está prevista para el 19 de octubre del año en curso.