Introducción
En el corazón de la República de Bolivia, el derecho al voto en elecciones nacionales no es solo un acto cívico; es la piedra angular de nuestra democracia. A través del sufragio, los ciudadanos y ciudadanas bolivianas ejercen su soberanía, eligiendo a sus representantes y participando activamente en la configuración del destino del país. El 10 de octubre de 1982, con la asunción de Hernán Siles Zuazo a la presidencia, se inició el periodo democrático más largo y estable en la historia de nuestra nación. Este hito histórico nos recuerda el valor de la continuidad democrática, pero también la fragilidad que esta puede tener. Sin embargo, en los últimos 20 años, la vitalidad de este derecho ha sido puesta a prueba, enfrentando desafíos que han limitado su ejercicio pleno y la salud de nuestra democracia. Hoy, más que nunca, es fundamental comprender su importancia, su anclaje constitucional y la necesidad imperiosa de defenderlo y rescatarlo de las limitaciones impuestas.
El voto como derecho constitucional fundamental
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El derecho al voto en Bolivia está consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE), la cual lo establece como un derecho fundamental y universal. El Artículo 26 de la CPE es claro al respecto, afirmando: «Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de forma individual o colectiva». Este artículo no solo garantiza el derecho al voto, sino también a postularse a cargos públicos.
Además, el Artículo 14 de la CPE establece que «El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.» Esta disposición refuerza el carácter universal e inalienable del derecho al voto, asegurando que no pueda ser restringido por motivos de raza, sexo, condición social, idioma o cualquier otra discriminación.
El marco normativo: Ley del Régimen Electoral
El ejercicio del voto se materializa a través de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, que regula el proceso electoral en el país. Esta ley, en concordancia con la CPE, establece los principios de la función electoral: independencia, imparcialidad, seguridad, legalidad, transparencia, publicidad y interculturalidad. La ley electoral detalla los requisitos para ser elector, la organización de los procesos de votación, la fiscalización de las campañas y la proclamación de resultados, todo ello bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en la materia.
La ley electoral boliviana es un instrumento vital para garantizar que el voto sea libre, secreto y universal. Su objetivo es asegurar la legitimidad de los resultados y la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales, elementos cruciales para la estabilidad democrática.
Democracia, secuestro y limitaciones. Los desafíos de los últimos 20 años
La democracia, por definición, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El voto es el principal vehículo para que este principio se haga realidad. Sin embargo, en las últimas dos décadas, en Bolivia y en otros países de la región, hemos sido testigos de un proceso de «secuestro» y limitación de la democracia.
Este secuestro se manifiesta en varias formas, minando la confianza ciudadana y la salud del sistema:
* Manipulación del sistema electoral: La alteración de reglas electorales, la injerencia en la composición del órgano electoral o la utilización de recursos públicos para campañas partidarias desequilibran la contienda electoral y socavan la equidad.
* Persecución política: La instrumentalización de la justicia para inhabilitar a candidatos opositores, o para encarcelar a líderes políticos por motivos ideológicos, limita el abanico de opciones para los votantes y genera un clima de miedo e incertidumbre.
* Manipulación de encuestas y superficialidad de los debates: Estos son síntomas claros de la distorsión democrática. Las encuestas, en lugar de ser un termómetro de la opinión pública, se convierten en herramientas de propaganda para crear una sensación de inevitabilidad. Paralelamente, los debates políticos se vacían de contenido, transformándose en confrontaciones estériles llenas de ataques personales y eslóganes vacíos. Esto impide a la ciudadanía informarse adecuadamente y tomar decisiones basadas en propuestas programáticas serias, dejando de lado temas fundamentales como la economía, la salud, la justicia, la educación. O la corrupción.
* Debilitamiento de la independencia de poderes: Cuando el poder ejecutivo subordina al órgano judicial, al tribunal constitucional, al órgano electoral y al legislativo, el sistema de pesos y contrapesos se debilita, permitiendo la toma de decisiones que favorecen los intereses de un grupo por encima del bienestar general.
* Restricción de la libertad de expresión: El control de los medios de comunicación y la represión a la prensa independiente limitan la capacidad de la ciudadanía para informarse de manera objetiva y tomar decisiones informadas en las urnas.
La memoria del Fraude Electoral de 2019: Un antecedente que no se debe repetir
Para entender la urgencia de defender nuestro sistema electoral, es imperativo recordar los eventos de octubre de 2019. En aquellas elecciones nacionales, la confianza en el proceso democrático se vio gravemente comprometida. El súbito e inexplicable corte de la transmisión de resultado preliminar (TREP), seguido por un cambio drástico en la tendencia de los votos, generó una crisis política y social sin precedentes.
El clamor ciudadano llevó a la intervención de organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Informe de la Auditoría Integral a las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, concluyó que hubo una «manipulación dolosa» del proceso electoral y «graves irregularidades» que invalidaron los resultados. Entre sus hallazgos más contundentes se identificó la manipulación del sistema informático y la existencia de actas falsificadas. Este informe fue un punto de inflexión que demostró cómo la integridad del voto puede ser violada.
Aunque el debate académico y político persiste sobre la profundidad y los responsables de los hechos, la conclusión es ineludible: los eventos de 2019 fueron un duro golpe a nuestra democracia. La comunidad internacional, incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expresó su profunda preocupación por la violencia que siguió a la crisis, subrayando la necesidad de un diálogo pacífico y respeto a los derechos humanos. Lo ocurrido fue una lección dolorosa que nos advierte sobre la fragilidad de nuestras instituciones cuando no se garantiza la transparencia y la imparcialidad. Es por ello que un fraude de esta magnitud no se debe repetir nunca más.
El voto: Nuestro deber cívico este domingo 17 de agosto
Frente a este panorama, el voto se erige como la herramienta más poderosa para rescatar y revitalizar la democracia. No es solo un derecho, sino una responsabilidad cívica. Cada voto cuenta, cada voto es un mensaje claro a favor de la libertad, la justicia y el respeto a las instituciones.
Por ello, la participación en las elecciones nacionales de este domingo, 17 de agosto, es de vital importancia. Es una oportunidad para que cada boliviano y boliviana demuestre su compromiso con la democracia. Es el momento de reafirmar nuestra soberanía, de defender el legado democrático que se ha construido con tanto esfuerzo desde 1982 y de elegir el rumbo que queremos para nuestro país. La abstención no es una opción; el voto es el camino pacífico para corregir los rumbos, para elegir a líderes que respeten las leyes y las instituciones, y para construir un futuro más justo y equitativo para todos.
Conclusión
El derecho al voto es un tesoro constitucional que debemos proteger con fervor. Su importancia radica en ser la expresión más pura de la soberanía popular. Al ejercerlo de manera consciente e informada, la ciudadanía boliviana no solo elige a sus representantes, sino que también defiende los cimientos de la república. Es hora de que el voto recupere su plena vitalidad, de que sea la voz inquebrantable de un pueblo decidido a no permitir que su democracia sea secuestrada ni limitada nunca más. Debemos exigir debates serios, procesos transparentes y un respeto irrestricto por cada voto para asegurar un futuro verdaderamente democrático.