Fuente: https://www.vision360.bo
La no aprobación del crédito por 100 millones de dólares, otorgado por la agencia de cooperación japonesa JICA, impide que Bolivia pueda gestionar una nueva colaboración con ese país asiático, afirmó el embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura. Sin embargo, la dificultad política no ha afectado la voluntad de Japón de continuar brindando su apoyo.
“En primer lugar, el gobierno japonés siempre estará junto al gobierno boliviano para ayudar. Pero este tipo de préstamos se gestiona paso a paso. Es decir, si no se utiliza el crédito de 100 millones de dólares, no podemos gestionar nuevas colaboraciones”, explicó a Visión 360 Onomura.
El diplomático explicó que “entiendo que este conflicto es muy político”. “Por eso sé que las veces que se rechazó nuestro crédito en la Asamblea Legislativa no significan que no quieran utilizarlo”.
Sin embargo, Onomura garantizó que la situación en el Legislativo no afecta las relaciones entre ambos países. En ese sentido, señaló que la colaboración nace tanto del interés en el intercambio cultural y económico, como de la intención de retribuir la ayuda que Japón recibió hace 80 años, cuando fue devastado durante la Segunda Guerra Mundial.
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“Hace 80 años terminó la Segunda Guerra Mundial. En esa época, nuestras ciudades estaban totalmente destruidas. Sin embargo, muchos países nos brindaron ayuda a través de cooperaciones, lo que nos permitió desarrollarnos rápidamente. Ahora, debemos hacer lo mismo”, aseguró.
Crédito sin aprobar en la ALP
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) continúa estancado el crédito suscrito con JICA por 100,9 millones de dólares. Se trata del proyecto de Ley N° 156/2023-2024, que busca aprobar el Convenio de Préstamo N° B-C-3, por un monto destinado a reponer recursos utilizados durante la pandemia, atender emergencias climáticas y garantizar el ejercicio del voto en el exterior en las elecciones generales del 17 de agosto de este año.
El préstamo con JICA incluye una asignación específica de siete millones de dólares para garantizar la votación en el exterior, un aspecto que formó parte del acuerdo político alcanzado el 17 de febrero en una reunión convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la que los partidos se comprometieron a viabilizar este financiamiento.