Diaz Pizarro fue condenado a ocho años de privación de libertad, mientras que Arraya Tejada deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses en el penal de San Pedro.
Fuente: ABI
El Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz dictó sentencia contra dos exautoridades del Ministerio de Salud, Eduardo Díaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada, por su participación en la compra irregular de 500 ventiladores pulmonares durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, en 2020.
“Los acusados fueron condenados por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y delitos, tipificados y sancionados por delitos de corrupción que ocasionaron el grave daño económico al Estado de 10.456.332, 77 dólares, toda vez que en la primera ola del Covid, gestión 2020, dieron curso a la adquisición de 500 ventiladores pulmonares con compresor, de procedencia China”, informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.
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Detalló que Diaz Pizarro fue condenado a ocho años de privación de libertad, mientras que Arraya Tejada deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses en el penal de San Pedro. Ambos también deberán pagar multas y costas judiciales a favor del Estado.
Los exfuncionarios fueron hallados culpables por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, tipificados en los artículos 154 y 221 del Código Penal.
Los equipos adquiridos correspondían a la marca Guangzhou Yueshen, modelo YSAV400A, de origen chino. Según la investigación, los ventiladores “no cumplían con 40 ítems técnicos establecidos en el proceso de contratación”, lo que evidenció graves irregularidades en la compra realizada durante la emergencia sanitaria.
En el mismo proceso judicial, fueron absueltos otros seis acusados: Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas. Sin embargo, la Procuraduría anunció que apelará esta decisión.
A criterio de Condori, este sería un fallo inédito y favorable en los procesos vinculados a actos de corrupción durante la gestión de la pandemia.
“La Procuraduría actuando bajo las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal vigente, promovió una intervención conjunta e interinstitucional responsable en este proceso penal, obteniendo un resultado inédito y favorable, permitiendo reafirmar al pueblo boliviano nuestro incansable compromiso en la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, subrayó Condori, citado en un reporte institucional.