Después de casi 17 años, el Tribunal Supremo de Justicia anuló el juicio ordinario que se había iniciado contra Fernández y un grupo de personas acusadas de “genocidio”. La Sala Penal del máximo tribunal de justicia ordenó que el caso debe sustanciarse como juicio de responsabilidades.
Fuente: ANF
El exsenador por el departamento de Pando Paulo Bravo ratificó que el caso Porvenir fue “armado” con fines políticos por el gobierno de Evo Morales en 2008, para «derrocar a Leopoldo Fernández de la prefectura. Acusado en esa época de la “masacre” de Pando.
“Creo que todo eso nos va a permitir mostrarle al país de lo que verdaderamente pasó. Esto fue un caso montado desde hace mucho tiempo, las denuncias que salían de lo que se estaba planificando en Pando, la fuerza que se hizo para que haya muertos”, dijo Bravo en declaraciones a la ANF.
El 11 de septiembre de 2008, Fernández fue detenido cuando se encontraba en su oficina, en la prefectura del departamento que tiene sede en la ciudad de Cobija. Edificio que fue rodeado por militares que llegaron en la mañana, cerca al mediodía.
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Días antes había arribado a esa ciudad el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien comandó el operativo. La aprehensión, detención y posterior encarcelamiento fue producto de la muerte de campesinos y funcionarios. El hecho se produjo en el contexto de la polarización del país. Toda la responsabilidad recayó en los opositores al gobierno del MAS.
“Se hizo un esfuerzo tremendo por parte del gobierno de aquella época de Don Evo Morales para que existan muertos, a pesar de que desde la prefectura se hicieron zanjas para que no pasen (los campesinos), se hicieron todos los intentos para que se frene y no haya enfrentamiento, se retiró gente, pero aun así tenía que pasar. Esta fue la forma de derrocar a un gobernador”, añadió Bravo.
Después de casi 17 años, el Tribunal Supremo de Justicia anuló el juicio ordinario que se había iniciado contra Fernández y un grupo de personas acusadas de “genocidio”. La Sala Penal del máximo tribunal de justicia ordenó que el caso debe sustanciarse como juicio de responsabilidades.
El magistrado Carlos Ortega argumentó que se tomó la decisión porque se detectó la vulneración al debido proceso y al juez natural. Fernández y el resto de presuntos implicados no fueron juzgados en Cobija, sino que fueron trasladados a la ciudad de La Paz donde permanecieron encarcelados por casi una década.
“La propia Asamblea Permanente de Derechos Humanos se retiró del proceso porque era un proceso totalmente político contra Leopoldo Fernández. Se logró demostrar que era un hombre inocente, pero aun así lamentablemente el proceso siguió y quisieron condenar a Leopoldo Fernández. Se hizo la apelación, este es un proceso que ya tiene casi 17 años. Claro, por primera vez en la historia va a volver al juez natural que fue en Pando”, añadió Bravo.
El exsenador fue el encargado de conducir a Leopoldo Fernández hasta el aeropuerto, debido a que el entonces prefecto se negó a subir a uno de los vehículos militares. Bravo que se encontraba en una camioneta roja cerca del edificio fue contactado para que sea el responsable de llevarlo hasta el aeropuerto y no dejarlo en manos de los militares. El vehículo fue escoltado por camionetas llenas de militares.
Bravo señaló que existe una “deuda histórica” con el departamento de Pando, porque a partir de esta decisión del TSJ se conocerá la verdad de los hechos. Asimismo, dijo que la población ha logrado curar sus heridas y lograr el perdón mutuo entre familias que habían sido confrontadas.
“Muchas familias que en ese momento se encontraban de un lado o de otro ya se han perdonado, ya nos hemos encontrado, ya estamos prácticamente viviendo bajo un mismo techo que es el departamento Pando”, sostuvo el exsenador.