Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el capitán de aviación Jaime Rodríguez increpó y agredió al periodista mientras realizaba una cobertura, a pesar de que este exhibió su credencial. El agresor lo amenazó con frases intimidatorias, lo expulsó de la terminal aérea y, en presencia de efectivos de la Policía Antinarcóticos, le arrebató y destruyó su teléfono celular con el objetivo de impedir el registro de los hechos.
Una foto referencial de los medios de comunicación en Bolivia. Foto: Archivo
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) expresaron su enérgica condena ante la agresión y destrucción de equipos de trabajo sufrida por el periodista Guider Arancibia, del periódico El Deber, el pasado 22 de agosto de 2025 en el aeropuerto El Trompillo, en la ciudad de Santa Cruz, a manos del capitán de aviación Jaime Rodríguez.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el capitán Rodríguez increpó y agredió al periodista mientras realizaba una cobertura, a pesar de que este exhibió su credencial. El agresor lo amenazó con frases intimidatorias, lo expulsó de la terminal aérea y, en presencia de efectivos de la Policía Antinarcóticos, le arrebató y destruyó su teléfono celular con el objetivo de impedir el registro de los hechos.
“La obstrucción al trabajo periodístico, así como las amenazas y el amedrentamiento, constituyen actos de violencia destinados a silenciar y censurar la labor informativa. Asimismo, la destrucción de equipo de trabajo, haciendo uso indebido de la fuerza y la autoridad, además de provocar un daño material, configura una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de libertad de expresión”, señala el comunicado de prensa.
Los representantes del gremio periodístico recordaron que “el Estado boliviano está obligado a investigar de oficio y con la debida diligencia cualquier denuncia de agresión contra periodistas, sancionar a los responsables y adoptar medidas de protección y garantías de no repetición, que aseguren que los periodistas puedan desarrollar su labor sin temor a represalias ni hostigamientos”.
“Exigimos a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y a las instancias competentes la inmediata investigación de los hechos denunciados; la plena identificación de responsabilidades y la aplicación de sanciones contra el agresor conforme a la ley, así como garantías efectivas para que los periodistas puedan realizar su labor sin sufrir hostigamientos, violencia ni represalias”, agrega la nota.
Además, la ANPB y la APSC exigen la implementación de protocolos de actuación que obliguen a efectivos militares y policiales a respetar y garantizar la labor periodística en espacios públicos. “Recordamos la obligación de las instituciones estatales de velar por el derecho a la información de la ciudadanía, que resulta directamente afectado cuando se agrede a periodistas”.
“Reiteramos que ningún acto de violencia ni amenaza podrá coartar la libertad de expresión ni el derecho del pueblo boliviano a estar informado. La impunidad frente a estas agresiones solo alimenta la repetición de hechos que atentan contra la democracia”, concluye el comunicado.
