Hasta diciembre de 2024, al menos 18.805 personas guardaban detención preventiva en las cárceles de Bolivia, informó este viernes el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Fuente: ABI
El dato lo reveló durante la presentación del “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”.
Según el diagnóstico, a diciembre de 2024 se tenía 32.035 personas privadas de libertad en 46 centros penitenciarios: 92,6% varones y 6,8% mujeres.
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Del total, el 58,7% permanecía en detención preventiva (sin condena). El hacinamiento alcanzaba al 105%: en los 20 centros urbanos era del 117% y en los 26 rurales, del 65%.
Callisaya expresó su preocupación por los factores de reincidencia: el 14% de los jóvenes entrevistados (284) son reincidentes en prisión; el 10% pasó antes por centros de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley (14 a 17 años), y un 7% vivió en centros de acogimiento desde edades tempranas.
“Esta realidad muestra que muchos jóvenes llegaron al sistema penal adulto sin haber tenido acceso a oportunidades reales de inclusión. Refleja, además, las falencias del Estado en la atención y crianza de niñas y niños bajo su custodia”, sostuvo.
El informe revela que hasta 2024 un total de 9.520 jóvenes (entre 18 y 28 años) se encontraban recluidos en el país, de los cuales más del 75% permanecen en detención preventiva, siendo esta población la más afectada por esta medida.
“La detención preventiva impacta de manera desproporcionada en la población juvenil, extendiéndose más allá de los plazos legales y limitando el derecho a una defensa efectiva. De los 9.520 jóvenes privados de libertad, el 75,65% se encuentra en detención preventiva, frente a un 24,35% que ya cuenta con sentencia. Esta situación refleja una desproporcional situación de esta población, considerando que, en términos generales, el 58,7% de las personas privadas de libertad se encuentra bajo detención preventiva”, detalló.
El documento analiza las condiciones de vida, situación jurídica, acceso a salud y educación, oportunidades laborales y posibilidades de reinserción social de las y los jóvenes privados de libertad. A diciembre de 2024, de los 9.520 jóvenes privados de libertad, 742 eran mujeres y 8.788 varones.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) visitó 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos, tanto en áreas rurales como urbanas. En las visitas se realizaron 284 encuestas, 46 entrevistas semiestructuradas y verificaciones a la infraestructura penitenciaria, además de la revisión de información oficial del Estado.
El 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió el Instructivo Nº 18/2025 y ordenó a los tribunales departamentales del país revisar de inmediato las medidas de detención preventiva de tres personas (Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari), lo que provocó protestas de los privados de libertad. Días después, amplió la determinación a toda la población carcelaria.
Rdc/Jfcch/CC
Fuente: ABI