La sabia, como justa disposición del Tribunal Supremo de Justicia, instruyendo la revisión de los casos de Dña. Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, y Marco Antonio Pumari, al margen de causar una enorme esperanza en el seno de sus familiares, nos devolvió a los bolivianos un halo de certidumbre sobre el proceder del sistema de justicia que, después de dos décadas de una autocracia etnocrática y pachamamista, no tuvo empacho en poner y disponer de los bolivianos, como bien le vino en gana, al mejor estilo de las más corruptas y crueles dictaduras.
Es más, tal instructivo dispone que los tribunales departamentales verifiquen en un plazo de 24 horas, si las detenciones preventivas de las tres figuras nombradas excedieron los tiempos legales fijados por la normativa boliviana en un máximo de seis meses la audiencia respectiva; tuvo lugar este pasado lunes 25 de agosto.
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A mayor abundamiento, tales términos que absuelven plenamente, hasta para cualquier lego en materia jurídica, que la detención preventiva debería ser aplicada únicamente en oportunidades excepcionales, sin exceder el tiempo máximo de 6 meses, y nunca, como sucedió en casos como la de la expresidenta, que estuvo sujeta a una injusta reclusión de 52 meses, tras la cual ella misma afirma: “Esto no constituye una victoria política, sino una reparación de derechos vulnerados: No es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, lo recibo con júbilo y fe en que la justicia ahora da esperanza a los bolivianos”.
Casos similares se dan con el secuestrado, exgobernador Camacho, que ya cuenta con 32 meses de reclusión indebida, en la cárcel de Chonchocoro y finalmente, con Marco Antonio Pumari, quien ya lleva 44 meses de injusta prisión.
Hacemos propicia esta oportunidad, para reconocer la valiosa, como valiente intervención del nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Don Romer Saucedo Gómez, en la aplicación de dicha medida, que revela un verdadero afán de cambio en nuestro sistema de justicia, donde desde hace dos décadas, cuando los encargados de su cumplimiento, sean estos magistrados, vocales jueces, fiscales, diligencieros o procuradores, nunca supimos para qué, o para quién servían, pues se convirtieron en simples sicarios que supuestamente actuaban a nombre de la justicia, hasta el extremo de empujarnos a recurrir a ella desde un punto de vista religioso, como se escucha frecuentemente, “apelando a la Justicia divina”, quizás por el carácter que su autoridad infundía entre la cultura griega o romana, donde ya era representada por la diosa “Temis” por los primeros y “Iustitia” por los segundos.
En ambas culturas, esta deidad de la justicia es simbolizada por una mujer con los ojos vendados, significando su imparcialidad, sosteniendo una balanza que significa la igualdad y el equilibrio que debe existir entre quienes asisten ante un juez y, finalmente, la espada, que simboliza la fuerza o poder para hacer cumplir sus determinaciones. Empero, nuestros operadores de justicia han trastocado tanto el concepto de la deidad, que pareciera que la venda de los ojos la suplieron con un antifaz, la balanza con una cartera y la espada con una metralleta.
Finalmente, valorando la instrucción del TSJ, esperamos que la revisión no se limite a los casos más mediáticos, sino que la justicia llegue a todos los perseguidos y presos políticos. Más que por un favor, por una obligación legal. Esperando también que los fiscales y jueces responsables de las detenciones arbitrarias sean también sometidos al debido proceso, así como aquellos que gobernaron con tanto odio y prepotencia, recordándoles que la Justicia puede que sea Lerda, pero es Oportuna.