Uno de cada tres dólares de los aportes previsionales fue prestado al Ejecutivo, según la APS. Expertos advierten que la concentración de inversiones en bonos estatales expone el futuro de las jubilaciones al déficit fiscal y a la inflación
Fuente: El Deber
En un contexto en el que el Gobierno pierde credibilidad, un reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) revela un dato que genera controversia: la Gestora Pública invirtió más de $us 8.000 millones de los recursos de los aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
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Hasta el primer trimestre de 2025, según la APS, este fondo acumulaba $us 28.224 millones. Dichos recursos provienen del descuento obligatorio que se realiza a todos los trabajadores formales del país. Entre 1997 y 2023, los fondos fueron administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y BBVA Previsión.
Sin embargo, desde 2023 la Gestora Pública asumió el control de estos recursos, en medio de un clima de suspicacia por la desconfianza que genera la gestión económica de Luis Arce marcada por la escasez de dólares y una inflación galopante, que hasta julio de este año acumula una tasa de 16,92%.
La cifra impresiona. Se trata de uno de los mayores fondos de ahorro interno del país, equivalente a casi dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano. Sin embargo, el análisis de cómo se invierte ese dinero revela un patrón preocupante: el 95,9% de la cartera está en el mercado local, con un peso abrumador en el Estado y en la banca privada.
La discusión sobre el futuro de las pensiones se da en medio de un contexto político agitado. A pocos meses de un cambio de Gobierno, el gerente general de la Gestora, Jaime Durán, renunció alegando motivos personales.
El movimiento fue interpretado como un síntoma de inestabilidad en la institución encargada de administrar los aportes de más de dos millones de bolivianos.
Pero Durán dijo que su renuncia no responde a una fuga ni a presiones políticas, sino al cierre de un ciclo. “No estoy escapando, cierro un ciclo”, declaró tras presentar su dimisión.
Reporte
El informe de la APS, detalla que un 32,5% de los recursos está colocado en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), mientras que casi 49% está en depósitos a plazo fijo (DPFs) dentro de bancos nacionales. Apenas un 2,65% se encuentra invertido en el exterior, en bonos soberanos internacionales, ETFs y papeles corporativos.
Es decir, los ahorros de los trabajadores bolivianos —y sus futuras jubilaciones— están directamente atados al pulso de la economía interna y, en particular, a la solvencia del Estado y del sistema bancario.
Y concretamente $us 8.700 millones de dólares están colocados en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN). En la práctica, uno de cada tres dólares que los trabajadores aportan para su vejez fue prestado al Estado.
Dentro de esta cartera de inversión, los bonos del TGN no obligatorios son el componente más significativo, representando un 27,28% del total, con un valor de mercado superior a los $us 7.698 millones. Además, están los bonos del TGN sin cupones, que aportan un 1,5% y han perdido atractivo en el mercado al cotizar por debajo de su valor nominal.
Otros instrumentos que complementan la inversión son los cupones del TGN, que representan un 2,79% y están ligados a pagos de bonos emitidos con anterioridad. Por último, los bonos del TGN con cupones en dólares constituyen un 0,92% de la cartera, con un valor equivalente a $us 260,6 millones.
Otros instrumentos que complementan la inversión son los cupones del TGN, que representan un 2,79% y están ligados a pagos de bonos emitidos con anterioridad. Por último, los bonos del TGN con cupones en dólares constituyen un 0,92% de la cartera, con un valor equivalente a $us 260,6 millones.
Todos estos montos en conjunto fueron entregados a las manos del Estado Central. Este endeudamiento silencioso significa, que los trabajadores bolivianos financian el déficit fiscal crónico que arrastra el país. El MAS encontró en los aportes previsionales una fuente segura de liquidez, a costa del futuro de los jubilados.
La otra gran porción de los recursos previsionales está en el sistema bancario, bajo la forma de depósitos a plazo fijo (DPFs).
En total, los depósitos bancarios absorben más de $us 13.500 millones del sistema de pensiones. Dentro de este total, los DPFs con cupones en bolivianos representan el 28.06%, alcanzando casi $us 7.920 millones.
Por su parte, los DPFs sin cupones en bolivianos constituyen el 19.89% del total, con un valor de $us 5.613 millones. Los DPFs en dólares tienen una participación mucho menor, con solo el 0.17%, lo que equivale a $us 48.7 millones
Análisis
Para el especialista, David Villarreal, hasta antes de la promulgación de la actual Ley de Pensiones en 2010, las AFP lograban rentabilidades superiores al 8% anual, impulsadas por el interés compuesto. Sin embargo, tras el cambio normativo, esas tasas se desplomaron y llegaron incluso al 1,29% durante la pandemia, un nivel que no alcanza para sostener jubilaciones dignas.
“La gente suele culpar a las AFP, pero hay que recordar que ellas no tenían decisión plena. La Autoridad de Pensiones (APS) era la que aprobaba en qué se invertía. Si la rentabilidad cayó, también hay que preguntar qué rol cumplió la fiscalización del Estado”, apuntó.
Villarreal considera que el problema actual es estructural y que no se resolverá en el corto plazo. Por eso, planteó modificaciones inmediatas a la normativa vigente.
Una de las más importantes es el artículo 142, que permite a la Gestora invertir sin límites en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) o del Tesoro General de la Nación (TGN).
“En la práctica, los aportes de millones de bolivianos se están usando como financiamiento automático del déficit fiscal y de la política monetaria”, cuestionó.
Para Villarreal, cualquier revisión seria de la Ley de Pensiones deberá ser una prioridad para la nueva administración.
En esa línea, el economista Germán Molina, la concentración de inversiones en el sector público refleja una vulnerabilidad estructural del sistema.
“Siempre hubo una disposición normativa que obligaba a las administradoras a invertir en bonos del Tesoro, pero el problema es que no existe un límite explícito. Esa es una debilidad de la ley. La Gestora ha prestado al Estado más de lo que debería, y en un contexto inflacionario, esos recursos pierden valor”, explicó.
El economista alertó que el problema no es solo la concentración, sino el tipo de moneda en que se hacen estas colocaciones.
“Se ha invertido en moneda nacional, lo que significa que, con una inflación proyectada de más del 25% a fin de año, las tasas de interés que paga el Estado (en torno al 4%) no compensan la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, se están licuando los ahorros de los trabajadores”, enfatizó.
Molina ilustró el escenario con un ejemplo: “El Tesoro devuelve la deuda en bolivianos, pero esos billetes tienen cada vez menos valor real. El beneficiado es el Estado, porque licúa sus pasivos. Los perjudicados son los aportantes activos y los jubilados, que recibirán pensiones con menor capacidad de compra”.
Según el analista, la política de la Gestora ha llevado a que el SIP esté “colocando todos los huevos en la misma canasta”.
Respuesta de la gestora
En medio del debate sobre la administración de los recursos previsionales, la Gestora Pública salió a aclarar la composición de las inversiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Según un reporte oficial al 25 de agosto de 2025, los fondos alcanzan los Bs 199.200 millones (unos $us 28.600 millones). De ese total, el 35% se encuentra invertido en instrumentos estatales, mientras que el 65% restante está colocado en otros sectores, como el sistema financiero nacional, el mercado de valores boliviano y activos internacionales.
Frente a las críticas sobre el riesgo de concentración en bonos soberanos, la Gestora recalcó que el Estado boliviano ha cumplido puntualmente con el pago de intereses y capital de todos los títulos valores adquiridos con recursos de los trabajadores.
“El Estado ha cumplido a cabalidad con el pago de capital e intereses en tiempo y forma de todos los títulos valores emitidos y que forman parte de la cartera de inversiones del SIP”, destacó la entidad a EL DEBER.
Con esto, la Gestora busca dar un mensaje de confianza a los más de dos millones de trabajadores y jubilados que dependen del SIP. Sin embargo, la discusión sobre la rentabilidad y la diversificación de los ahorros previsionales sigue abierto.
Fuente: El Deber