Uno de los hitos recientes es que la Corte Interamericana incluyó en su pronunciamiento un reconocimiento a los derechos de la naturaleza.
Fuente: ANF
La discusión internacional sobre la crisis climática se enfrenta hoy a un escenario contradictorio. Por un lado, Cortes internacionales han comenzado a reconocer los derechos de la naturaleza como parte de la agenda de derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, los gobiernos y las grandes economías parecen dar pasos atrás en la implementación de políticas efectivas para enfrentar el calentamiento global. Así lo advierte Lucio Cuenca, investigador y activista socioambiental chileno, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
“El movimiento por la justicia climática parte de reconocer que hay responsabilidades distintas en la crisis que estamos viviendo. Hay una responsabilidad histórica que debe ser asumida por las grandes economías, porque fueron ellas las que impulsaron el modelo extractivista y de consumo desmedido que nos ha traído hasta este punto”, señaló Cuenca en entrevista con ANF. A su juicio, no se trata solo de un desafío ambiental, sino de un problema sistémico vinculado a la economía global.
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Para el investigador, la justicia climática implica que los países más contaminantes tengan políticas más comprometidas con el resto del planeta, incluyendo la asunción de costos en mitigación y adaptación. “Nuestros países están enfrentando huracanes, temperaturas extremas y desastres que causan estragos, y para ello se requieren recursos que no tenemos. Lo justo sería que quienes más han contribuido a esta crisis financien la respuesta”, añadió.
En ese sentido, los recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia constituyen un avance. Aunque no son vinculantes, ambos organismos interpelan a los Estados y a las grandes economías desde una perspectiva de derechos humanos. “Se está reconociendo que el cambio climático es también un problema de derechos humanos, lo que abre la puerta a nuevas formas de exigir responsabilidad”, afirmó Cuenca.
Uno de los hitos recientes es que la Corte Interamericana incluyó en su pronunciamiento un reconocimiento a los derechos de la naturaleza. “Eso es un contraste muy fuerte”, dijo el director de OLCA. “Por un lado, tenemos avances en el plano jurídico y en el reconocimiento de nuevos derechos; pero, por otro, observamos retrocesos en las políticas climáticas, en el fortalecimiento de la democracia y en la cooperación internacional”.
La paradoja es clara: mientras la institucionalidad internacional ofrece señales simbólicas de progreso, los gobiernos priorizan agendas económicas que profundizan la crisis. “Podríamos decir que son gestos importantes, pero que quedan limitados porque en la práctica las prioridades van por otro camino”, señaló Cuenca. Esto ocurre en un contexto en el que las desigualdades climáticas se acentúan, golpeando con mayor fuerza a los países en desarrollo.
El investigador alertó, además, sobre los riesgos de las falsas soluciones. Una de ellas es la centralidad que se da a la electromovilidad, sin cuestionar el modelo de consumo. “No podemos pensar en una sociedad planetaria donde cada persona tenga un auto eléctrico. Ese camino nos lleva al colapso porque esos autos requieren enormes cantidades de minerales como cobre, litio, aluminio o hierro. Eso solo expande las fronteras del extractivismo”, sostuvo.
Cuenca recordó que las potencias han comprometido 300.000 millones de dólares, pero esos fondos no llegan como cooperación directa. “Son créditos blandos, subsidios o instrumentos financieros que generan más dependencia de los países del sur. No son recursos de libre disposición para enfrentar la crisis”, afirmó. Esta dinámica, según explicó, termina reproduciendo subordinaciones económicas.
La situación genera frustración en los países más afectados. Autoridades locales de Bolivia reclaman que, incluso cuando los recursos existen en el papel, acceder a ellos implica obstáculos burocráticos y dependencia de organismos financieros internacionales.
“Se anuncian fondos millonarios, pero cuando se trata de ejecutarlos, las condiciones los hacen prácticamente inaccesibles”, subrayó Cuenca.
En conclusión, el panorama global se mueve entre avances simbólicos y retrocesos estructurales. El reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza es un paso inédito, pero sin políticas efectivas ni recursos reales, se convierte en una victoria parcial.
Fuente: ANF