INTRODUCCIÓN
Los resultados oficiales de las elecciones generales en la que estaban habilitados para sufragar 7.936.515 ciudadanos los votos reunidos por prelación en Rodrigo Paz (PDC) 1.717.532 (32,06%); Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) 1.430.176 (26,70%); Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) 1.054.568 (19,69%) suman un total del bloque opositor de 4.802.376 de votantes.
El bloque oficialista del ciclo derrumbado ha obtenido siguiendo la secuencia de la página del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) publicada el 21 de agosto sobre el escrutinio de 35.253 actas recepcionadas desde el 17 de agosto: Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) 456.002% de votos (8,51%) y Eduardo del Castillo (MAS IPSP) logró 169.887 sufragantes.
Entre ambos grupos del sistema del bloque masista de los 20 años de tremendo daño moral, ético y material al Estado, y a la dignidad de los bolivianos con ideas libertarias y rebelde en renunciar a la protección de los derechos humanos, han sumado ambos contendientes un total de 625.839 votos válidos. Esto expresa que de 2/3 que tenían desde el 2006 hasta el 18 de octubre de 2019 con Juan Evo Morales presidente, y mayoría absoluta en el gobierno de Luis Arce Catacora reducida a una minoría por sus pugnas internas, en Senadores no consiguieron plazas, fueron comprimidos como pliegue de acordeón por sus gravísimos errores corporativos que la democracia en urnas no perdona.
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Incluyendo a Manfred Reyes Villa (APB Sumate) que obtuvo 361.640 votos, el bloque democrático conservador y centro derecha hace un total global de 5.164.816 votos, insuficiente autoridad pública democrática para cumplir con el mandato de la nueva Bolivia, con perspectiva de transformar el Estado Plurinacional por un nuevo Estado Constitucional descentralizado en sus estructuras jurisdiccionales, fiscales y defensa pública, con garantías constitucionales efectivas, reformando para este efecto, la Constitución de 2009, y en lo fundamental con un sistema de justicia única (no bicéfala u ortopédica), independiente, idónea y meritocrática, que introduzca un sistema de evaluaciones de resultados a todos los magistrados surgido del voto popular (proselitista-sindical-movimientos sociales), vocales ordinarios, vocales constitucionales, jueces y fiscales institucionalizados sin estándares internacionales de capacitación inicial y permanente (dos años).
Abrumadora es la representación del bloque opositor en la Cámara de Senadores qué de un total de 36: Rodrigo Paz logró 16; Jorge Tuto Quiroga 12; Samuel Doria Medina 7 y Manfred Reyes Villa 1. El partido oficialista del MAS IPSP y AP de Castillo y Andrónico Rodríguez desaparecieron por completo. Instancia en que por 20 años dominaron en directivas y comisiones y comité, en cuyos espacios no se debatía, sino que se levantaba la mano para aprobar leyes qué interesaban solo al partido de gobierno, extinto en representación en el nuevo período 2025.
Es la primera vez en la historia que el Movimiento al Socialismo no tiene representación en el Senado. El autoritarismo desmedido y el triunfalismo de aprobar leyes por centena cada gestión, les ha autoarrebatado su estamento privilegiado.
COMPOSICIÓN DE LA ALP
En la Cámara de Diputados que está compuesta por 130 representantes de los cuales 60 son plurinominales, 63 uninominales, 7 circunscripciones especiales indígena originario campesinos y 9 diputados supraestatales, la probable conformación también rompe con la hegemonía del MAS IPSP y la Alianza Popular: Rodrigo Paz obtuvo 30 diputados uninominales (oficial) y 27 plurinominales (probables); Jorge Tuto Quiroga 20 uninominales (oficial) y 22 plurinominales (probables); Samuel Doria Medina 11 uninominales (oficial) y 13 plurinominales(probables) Andrónico Rodríguez 2 uninominales (oficial) y 2 plurinominales (probables), y Manfred Reyes Villa 3 diputados plurinominales (probable). De confirmarse por el TSE el martes 26 estos datos quedan en evidencia que el bloque opositor conservador centro derecha tendría en la Cámara de Diputados 61 uninominales seguros y similar plurinominales, sin considerar los 7 representantes indígenas originario campesinos. En todo caso, el milagro de los 2/3 es posible pactar con espíritu de grandeza y decisión política para instalar en el país el nuevo ciclo renovador, transformador y que responda a los valores, derechos fundamentales de un proceso urgente de constitucionalización del poder en la gama de sus instituciones.
Ahora con estos resultados en que habrá segunda vuelta entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga el 19 de octubre, no hay tiempo para perder la sintonía de los representantes de las fuerzas democráticas incluso antes de entrega de credenciales deben ponerse a trabajar y buscar acuerdos en las propuestas de reforma Constitucional, abrogaciones de leyes, cesación de autoprorrogados y juicios de responsabilidad, y comenzar a aplicar la repetición a las autoridades por las indemnizaciones pagadas a las empresas que ganaron al Estado en juicios arbitrales por más de 1.500 millones de dólares hasta el 2024.
Cómo están en puerta las grandes transformaciones, no es posible que los jugadores se conviertan en árbitros para leer a su interés las leyes y reglamentos, sino configurar una estrategia de pactos qué den solución a los problemas y avanzar en el nuevo proyecto Constitucional transversal, para eso hay que tener fuerza, decisión y habilidad política para conseguirlo.
INSTRUCTIVO DEL TSJ POR LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS ESPECÍFICOS
Estas transformaciones que se vislumbran, parecen estar causando los primeros temblores en el Órgano Judicial. No otra cosa se puede explicar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que luego de 7 meses de ejercicio en la función jurisdiccional mediante Instructivo 18/2025 de 22 de agosto, basado en el artículo 180 de la Constitución y otras normas de la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y Recomendación de la ONU, haya dispuesto a los presidente de Tribunales Departamentales de Justicia que de manera inmediata y dentro de sus facultades constitucionales, convencionales y legales, en el plazo de 24 horas de su legal notificación procedan a la verificación del cumplimiento de los plazos de la medida cautelar personal de la detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra los ciudadanos: Jennifer Añez Chávez, Luis Fernández Camacho Vaca y Marco Antonio Pumari Arriaga. La orden es que los jueces procedan inclusive de oficio la verificación y resuelvan conforme a derecho.
Todos estos procesos políticos han sido impulsado desde los ministerios de gobierno y justicia con fiscales que dependen en lo vertical del fiscal general del Estado Plurinacional, volando el juicio de responsabilidad a la que tenía derecho la expresidenta de la República Jeanine Añez Chávez condenada en un proceso por Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y daño económico al Estado y otros procesos que se encuentran con acusación (detenida ilegalmente por más de 4 años y 5 meses). Luis Fernández Camacho ex gobernador electo por el Departamento de Santa Cruz se lo acusa por supuesto delito de terrorismo I y II vulnerando desde su detención salvaje con centenares de policías al mando del entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo todo el rosario de Derechos y garantías del debido proceso, al extremo de haber invadido su privacidad al colocar una cámara en la pieza de reclusión (detenido por más de 2 años y 7 meses en Chonchocoro en condiciones infrahumanas). Y Marco Antonio Pumari Arriaga ex dirigentes cívico de Potosí, que sin derecho a considerar su salud está detenido por más de 3 años y 8 meses en el penal de Cantumarca.
Cómo estos casos que violan los derechos humanos por cuestiones políticas, impulsado por fiscales subordinados al sistema existen más de 300 personas con detención preventiva, tres de la juventud Cochala, de la Unión Cruceñista, generales y coroneles del ejército, exministros, entre otros. Se espera con expectativa que la audiencia presencial lunes 25 de agosto a horas 14:00 en la ciudad de La Paz cese la detención preventiva de Luis Fernández Camacho y Marco Pumari. Camacho vuelva a recobrar no solo su libertad, sino su dignidad de ciudadano y retome el cargo de Gobernador de Santa Cruz, sus mandantes lo necesitan para seguir sirviendo con vocación al Departamento y sus Provincias. Lo propio debe ocurrir con la expresidenta Jeanine Añez Chávez y todos los presos políticos que han sido víctimas hasta del derecho a la salud especializada.
Esto si bien es el comienzo de la independencia de la justicia, también debe ser de la independencia de la responsabilidad del fiscal general y los fiscales Departamentales. Los responsables de los abusos cometidos con juicios inventados tendrán que responder y enfrentar a las demandas de indemnización inmaterial y material que seguramente demandaron las víctimas de estos procesos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cómo la democracia es un instrumento para asegurar la restauración integral de la justicia, los nuevos parlamentarios elegidos por las organizaciones democráticas el 17 de agosto, no deben conformarse con la primera nota del pentagrama, -libertad- para los presos políticos, sino que no deben dejar se escapar a que la justicia sea justicia trayendo de retorno a los miles de bolivianos exiliados en países de América y Europa, para este reto deben gestionar el proyecto de ley de -Amnistía general e irrestricta- y aprobar en su primera sesión cámaral 2025.
IDEAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN
Por un proyecto de libertad para presos políticos y amnistía a exiliados implica también un proyecto de futuro Constitucional y esto tiene que estar en agenda de senadores y diputados, los que jamás deben actuar a remolque y alegrarse con las libertades de los primeros presos políticos del sistema que llegó al ocaso, sino enfrentar los desafíos con convicción política para evitar riesgos inesperados de los derrumbados. Cuestión de agenda privilegiada en la reforma sería constitucionalizar la independencia del Tribunal Supremo Electoral; por principio de igualdad convertir las 7 circunscripciones indígenas originario campesinos (especiales) en circunscripciones uninominales conformando así un mapa de 70 diputación uninominales; suprimir la cualidad de los 9 diputados supraestatales por simplemente diputados plurinacionales; reducir el número de senadores a 3 por Departamentos haciendo un total de 27 a manera de reactivar el sistema de equilibrio en la representación; organizaciones políticas que desarrollen actividades en fases preelectorales, postelectorales o estando en función de gobierno programas manifiestamente contra los valores y principios democráticos deben ser ilegalizados (extinguida su personería) por el TSE con Resolución razonable y fundamentada y sus directivos elegidos en Congreso no podrán fundar otra organización ni pertenecer a otros partidos políticos, y las inhabilitaciones a candidatos presidenciales, Senadores y Diputados sólo deberán interponerse con 60 días a la verificación de las elecciones generales.
El profesor Antón Losada dice: “La eficacia institucional no está garantizada, y lo normal en estos momentos no es que las instituciones funcionen, lo normal es que están bloqueadas o funcionando en un régimen absolutamente autoritario excepcional».
Pedro Gareca Perales