El exmandatario pasará los próximos cinco meses en la cárcel y podría ser enviado al penal de Barbadillo donde se encuentra Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Por Tomás Ezerskii
El expresidente Martín Vizcarra recibió una orden de prisión preventiva por cinco meses como parte del juicio oral en su contra. Esta decisión judicial lo coloca en una lista cada vez más extensa de expresidentes peruanos que enfrentan procesos judiciales por corrupción. La acusación principal que enfrenta Vizcarra está vinculada a su período como gobernador de la región de Moquegua (sur del Perú) entre 2011 y 2014, durante el cual habría recibido supuestos sobornos relacionados con dos proyectos clave: el de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión para el exmandatario.
Vizcarra está acusado de cohecho pasivo propio, un delito que implica la aceptación de sobornos a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos. En el caso de Lomas de Ilo, se le señala por recibir más de 2,3 millones de soles (aproximadamente 611,000 dólares o 552,300 euros) de empresas contratistas vinculadas al proyecto. La Fiscalía también acusa a Vizcarra por su involucramiento en el proceso de licitación para la ampliación del hospital de Moquegua, una obra que, según la investigación, también habría estado marcada por pagos ilícitos.
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La solicitud de prisión preventiva, presentada por el fiscal anticorrupción Germán Juárez, se fundamenta en el temor a que el expresidente pudiera intentar evadir la justicia. Estos argumentos fueron escuchados por el juez, quien luego de varias horas de deliberación, decidió darle la razón al Ministerio Público y mandar a la cárcel al exmandatario.
La defensa del expresidente ha rechazado las acusaciones, calificando los argumentos del fiscal de “forzados y tergiversados”, y asegura que está siendo víctima de una “persecución política”, señalando su destitución en 2020 y la triple inhabilitación impuesta por el Congreso.
El patrón de corrupción en la política peruana
El caso de Martín Vizcarra es solo un eslabón más en una cadena de expresidentes peruanos que han sido involucrados en escándalos de corrupción a lo largo de los últimos 30 años. Esta constante vinculación de exmandatarios con delitos graves refleja la profunda crisis política e institucional que ha afectado a Perú, un país que parece atrapado en un ciclo de impunidad y falta de transparencia.
1. Alberto Fujimori (1990-2000)
Fujimori fue el primer presidente peruano en ser encarcelado tras su mandato. Durante su gobierno, se dieron casos de corrupción vinculados al servicio de inteligencia, el uso de fondos públicos para la compra de influencias y la malversación de recursos. Tras la caída de su régimen en 2000, Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. En 2007, fue extraditado desde Chile a Perú, donde fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos y corrupción. En 2017, fue liberado por razones de salud y falleció teniendo aún procesos judiciales pendientes.
2. Alejandro Toledo (2001-2006)
Alejandro Toledo, quien asumió la presidencia tras la caída de Fujimori, también se ha visto envuelto en el caso Odebrecht. El expresidente es acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos en obras de infraestructura, incluida la carretera Interoceánica. Tras ser señalado por la fiscalía, Toledo se refugió en Estados Unidos, pero en 2023 fue extraditado a Perú para enfrentar cargos por corrupción. Está procesado por lavado de activos y otros delitos, y se encuentra en prisión cumpliendo 20 años de condena.
3. Ollanta Humala (2011-2016)
El expresidente Ollanta Humala también fue implicado en el escándalo de Odebrecht, aunque su caso no fue tan mediático como el de otros expresidentes. Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron acusados de haber recibido dinero ilegal de la constructora brasileña para financiar su campaña electoral en 2011. En 2017, Humala fue detenido preventivamente durante varios meses, pero fue liberado en 2018. El exmandatario ha negado las acusaciones, pero fue condenado a 15 años de prisión y cumple su condena en el penal de Barbadillo.
4. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió la presidencia en 2016, también está vinculado al caso Odebrecht. Durante su tiempo como ministro de Economía y primer ministro, se le acusa de haber recibido pagos de la empresa brasileña a través de su empresa Westfield Capital, que asesoraba a la constructora en proyectos en Perú. En 2018, Kuczynski renunció a la presidencia en medio de un escándalo de corrupción. Posteriormente, fue arrestado y puesto bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud. En 2019, fue liberado bajo medidas restrictivas, pero el caso sigue siendo investigado.
5. Pedro Castillo (2021-2022)
El último expresidente en sumarse a esta lista es Pedro Castillo, quien asumió el poder en 2021 y fue destituido en 2022 por un intento de golpe de Estado. Durante su breve mandato, el exprofesor sindicalista fue acusado de corrupción, y varios de sus ministros y allegados también enfrentaron investigaciones por la misma causa. Después de su destitución, Castillo fue arrestado y se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras enfrenta una serie de investigaciones por corrupción, incluyendo el caso de los contratos públicos y la adjudicación de obras. En su discurso de defensa, Castillo ha insistido en que fue víctima de un “golpe parlamentario” y denuncia que los cargos en su contra son una venganza política.
La crisis política en Perú y el legado de la corrupción
La crisis política en Perú se explica en gran medida por la recurrente vinculación de sus expresidentes con escándalos de corrupción y la falta de una respuesta institucional efectiva que detenga este ciclo. En las últimas décadas, casi todos los jefes de Estado peruanos –desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo– han enfrentado procesos judiciales por delitos que van desde soborno y lavado de activos hasta organización criminal. Esta situación ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y ha generado un clima de desconfianza crónica hacia la clase gobernante.
El expresidente Alberto Fujimori (violación de derechos humanos y corrupción), Alejandro Toledo (sobornos de Odebrecht), Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia (caso Odebrecht) y Pedro Pablo Kuczynski (pagos ilícitos y prácticas irregulares en su gestión), y ahora Martín Vizcarra, que enfrenta procesos por supuestos sobornos durante su etapa como gobernador regional, a pesar de haber promovido una agenda anticorrupción.
Este patrón revela una debilidad estructural del sistema político peruano, donde la falta de transparencia, el financiamiento opaco de campañas, la fragmentación partidaria y el uso de mecanismos clientelistas alimentan la corrupción a todos los niveles del Estado. El efecto inmediato es una ciudadanía escéptica, una sucesión de crisis ejecutivas y una institucionalidad debilitada.