En el marco del 193° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia “Bolivia: Situación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes”, la organización Ipas Bolivia expresó su preocupación por las barreras persistentes que dificultan el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el país, mientras que representantes del Estado boliviano destacaron los avances normativos y las acciones en curso para garantizar estos derechos.
Fuente: ANF
Ipas Bolivia urgió al Estado a promulgar una ley integral de derechos sexuales y reproductivos que garantice el acceso pleno a la salud sexual y reproductiva. Esta legislación debería incorporar la interrupción voluntaria del embarazo, tal como lo establece la Sentencia Constitucional 0206/2014.
La organización también pidió aprobar un programa integral contra la violencia sexual dirigido específicamente a niñas, niños y adolescentes, así como actualizar el Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes, cuya vigencia se detuvo en 2020.
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En cuanto al acceso a la ILE, Ipas enfatizó la necesidad de actualizar los procedimientos técnicos vigentes. Según la organización, la definición de salud utilizada actualmente solo contempla el aspecto físico, omitiendo el bienestar psicológico y social, lo cual limita el acceso efectivo al servicio.
Otro punto central fue la objeción de conciencia. Ipas Bolivia alertó que su aplicación está siendo utilizada de forma inadecuada y recordó que, por norma, debe ser una decisión individual y no institucional ni colectiva.
La organización pidió al Estado que impulse campañas comunicacionales dirigidas a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, para fomentar el acceso temprano a anticoncepción de emergencia y evitar embarazos forzados o gestaciones avanzadas.
Además, Ipas instó a fortalecer la aplicación del protocolo de prevención y denuncia en unidades educativas, así como a cumplir las recomendaciones internacionales emitidas por comités de Naciones Unidas y el Examen Periódico Universal.
Uno de los puntos más relevantes fue el llamado a incluir en la currícula escolar contenidos sobre prevención de violencia sexual, embarazos forzados y el derecho a la ILE, bajo el principio de autonomía progresiva.
También plantearon desarrollar campañas de desestigmatización de la ILE dirigidas al personal de salud, para garantizar una atención adecuada a niñas y adolescentes.
Ipas demandó la promulgación de una ley que combata la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, y solicitó dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Angulo Lozada vs. Bolivia, eliminando el delito de estupro.
Finalmente, la organización reclamó resolver la revisión del amparo constitucional en el caso de la “Niña de Yapacaní”, que lleva más de tres años sin resolución en el Tribunal Constitucional.
El Estado boliviano respondió destacando que los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos por la Constitución y la Ley de la Juventud. Además, recordaron que la Sentencia Constitucional 0206/2014 despenalizó el aborto en ciertos casos.
El Estado subrayó que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 contempla la reducción de toda forma de violencia, con énfasis en la violencia de género.
También mencionó el anteproyecto de ley para fortalecer la atención integral a mujeres en situación de violencia, remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque su tratamiento aún está pendiente.
Los representantes estatales señalaron la existencia de un modelo de gestión de redes para atender a mujeres y adolescentes víctimas de violencia, así como la promulgación de políticas públicas orientadas a la descolonización y despatriarcalización.
Se mencionaron protocolos como la Ruta de Atención Interinstitucional (RAI), el tratamiento informativo de la violencia basada en género, y el uso de la Cámara Gessel para atención a víctimas.
Sobre el acceso a servicios de salud, indicaron que desde 2019 estos son universales, gratuitos e irrestrictos, y reconocieron la necesidad de contar con una ley de derechos sexuales y reproductivos que contemple la autonomía progresiva.
Respecto a la objeción de conciencia, el Estado reiteró que está regulada como una decisión personal y anunció que se trabaja con la sociedad civil en una reglamentación adecuada, actualmente revisada por la Defensoría del Pueblo.
El Estado enfatizó la elaboración de nuevas normativas ministeriales, el monitoreo de su cumplimiento, y la implementación de herramientas de registro que permitan reportar con precisión las causales de ILE, especialmente la de salud.
Finalmente, destacó el desarrollo de cursos de capacitación continua, como el curso asincrónico certificado «Cuidados que sanan», que incorpora directrices de la OMS para atención del aborto.
Tanto Ipas Bolivia como el Estado coinciden en la importancia de aprobar una ley que reconozca la autonomía progresiva de niñas y adolescentes y en la necesidad de regular adecuadamente la objeción de conciencia, aunque persisten diferencias en torno a la urgencia y profundidad de las reformas requeridas para garantizar el acceso pleno a la ILE en Bolivia.
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