El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) realizó este sábado (30.08.2026) un megaoperativo simultáneo en 68 penales del Perú para detener los casos de extorsión que se organizan desde las prisiones, entre otros actos ilícitos, además de incautar teléfonos móviles, drogas y armas blancas.
El operativo empezó en la madrugada del sábado y fue supervisado por el presidente del Inpe, Iván Paredes, además del viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baleón Vásquez.
«Al detectar a estos internos, no dudaremos en gestionar los traslados a otros penales de mayor contención y en provincia para alejarlos de su entorno», dijo Paredes sobre los presos que sean sospechosos de participar en mafias de extorsión desde la cárcel.
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El presidente del Inpe y el viceministro de Justicia, junto a agentes del Grupo de Operaciones Especiales, efectivos de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía, recorrieron los pabellones del Establecimiento Penitenciario Ancón I, ubicado al norte de Lima.
Paredes aseguró que «todos los días» están entrando a revisar «las celdas de los internos».
También confirmó el cambio de los directores regionales del Inpe, a nivel nacional, como una acción para fortalecer la seguridad, el orden y la lucha contra la corrupción.
Incautan objetos prohibidos
El megaoperativo dio como resultado, además, la incautación de equipos celulares, chips, envoltorios tipo ketes de pasta básica de cocaína y marihuana, y armas blancas.
En simultáneo, 1.174 agentes penitenciarios junto con el Grupo de Operaciones Especiales se desplazaron por los distintos ambientes de los establecimientos penitenciarios del país y realizaron la búsqueda exhaustiva de artículos y sustancias ilícitas en áreas como patios, pasadizos, celdas, cocinas, así como la revisión corporal a la población penal, cumpliendo los protocolos respectivos.
En el operativo participaron igualmente 2.091 policías y 104 fiscales, como parte de la política institucional de Seguridad en Acción.
El incremento de casos de extorsión y sicariato en varias ciudades del país, vinculados a otros delitos graves como el narcotráfico y la minería ilegal, han forzado al gobierno peruano a declarar el estado de emergencia en varias regiones para recuperar el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas.