Para el procurador Ricardo Condori, la libertad que les otorgó la justicia al gobernador Fernando Camacho y al excívico Marco Pumari, no implica que los procesos en su contra hayan desaparecido.
El procurador del Estado Ricardo Condori, admitió que el Estado no cumple las recomendaciones de organismos internacionales en las investigaciones sobre los sucesos violentos de 2019 – hace cinco años – tras la renuncia de Evo Morales en medio de una presión social que denunció ‘fraude’ en las elecciones de ese año.
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“De hecho, sí estamos incumpliendo porque los hechos han acontecido en 2019 y ya estamos más de cinco años de una investigación que si está marchando como está marchando, corremos el riesgo de incumplir esas recomendaciones. Si el Estado incumple, obviamente, se van a venir severas sanciones para el Estado (sic)”, dijo Condori a medios estatales.
El funcionario de Estado rechazó las últimas decisiones del Órgano Judicial que determinó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el ex líder del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, salgan de la cárcel y se defiendan en libertad en los procesos en su contra.
“Con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Condori.
En ese marco, la autoridad subrayó que sin bien Camacho y Pumari gozan de medidas sustitutivas “no implica que los procesos hayan desaparecido o se hayan caído”, por lo que los procesos continuarán hasta el final.
“Nosotros agotaremos a todas las instancias, (acudiremos) a todos los recursos que nos franquea la ley para culminar estos procesos, para no dar marcha atrás y dar cumplimiento a las recomendaciones”, dijo el procurador.
Condori citó las recomendaciones que emitió en 2021 el grupo que se formó para investigar los hechos de 2019, denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Esta instancia emitió un informe sobre los hechos acontecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, y recomendó 36 acciones entre las que están:
Adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019, investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares.
Condori, aseguró que desde que asumió el cargo, “ha hecho todo lo que la ley le ordena, lo que implica acelerar los procesos judiciales”, y puso como ejemplo, el caso “Golpe de Estado 2”, proceso por el cual la expresidenta Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de cárcel
“En el caso ‘Golpe 1’ nos encontramos en la fase de finalizar el proceso. Estamos a una audiencia de poder generar una sentencia”, dijo Condori y agregó que también existen importantes avances en el caso Senkata y Huayllani.