Hoy, después de dos décadas del MAS en el gobierno, el país se enfrenta a una crisis sistémica: un Estado prácticamente quebrado, inflación, pobreza, y –por otro lado– el Estado de derecho y las instituciones destruidas. Pero el descalabro económico es subsanable a mediano plazo, siempre y cuando Bolivia logre una transición democrática, con un gobierno que tenga un plan económico viable y sostenible, y tenga la suficiente capacidad para administrar y resolver la crisis que afecta a Bolivia en todos los ámbitos.
Fuente: Ideas Textuales
Pero, lo peor de esta crisis sistémica es la crisis institucional, que principalmente afecta al sistema judicial y lo ha envilecido. Así como la crisis moral que ha ido carcomiendo los principios y valores universales de la sociedad.
El MAS ha creado una sociedad que no solamente no es justa, sino que también ha incitado a esa sociedad a perder el sentido de lo que es y lo que no es justo; de lo que es y lo que no es moral; de lo que es y lo que no es democrático. Sanear el Poder Judicial corrupto y rescatar los valores que perdimos –que distinguen a una sociedad sana–, será largo y depende de un giro de 180 grados que debería dar el próximo gobierno para revertir el desastre que deja el MAS.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Todo este proceso de reconstrucción de la economía, de la justicia y de nuestros valores exige arduo trabajo para los próximos gobernantes; requiere el renunciamiento de pretensiones y ambiciones personales y la entrega total a la causa nacional.
Pero este esfuerzo también demanda la contribución patriota del pueblo boliviano, por eso es imperativo lograr la reconciliación y cohesión entre los bolivianos para apoyar al próximo gobierno con miras a superar la crisis sistémica que estamos heredando del movimiento al socialismo.
Sin embargo, el propósito de lograr la reconciliación nacional, de ninguna manera significa cubrir de impunidad de quienes, desde sus cargos públicos, cometieron delitos durante estos 20 años de administración de la cosa pública, incluyendo al gobierno constitucional de transición.
Todos los que han delinquido desde la función pública y la actividad política deben ser debidamente investigados, procesados y sancionados para que nunca más se reedite este episodio negro en la historia política de Bolivia. Claro está, todo en el marco del Estado de derecho y la justicia, con procesos justos y jueces y fiscales independientes.
La sanción de los delitos cometidos en función pública no se debe atemperar al calor de la euforia de negociaciones y acuerdos políticos. Es evidente que la democracia pactada es la mejor forma de gobernar, pero ello no implica impunidad para los que han delinquido; ellos deben ser marginados del escenario político bajo sanción moral y judicial.
No olvidemos los graves delitos cometidos contra los derechos fundamentales, los derechos humanos y el Estado perpetrados desde 2006. Cito:
Hotel Las Américas, Pando, Chaparina, José María Bakovic, Marco Antonio Aramayo, los esposos Andrade, la represión a los discapacitados y la agresión a los pueblos indígenas y sus territorios. La vulneración a la Constitución por tentativa de reelección indefinida, el fraude electoral, la persecución política e instrumentalización de la justicia. Los secuestros y encarcelamiento de líderes, la detención y tortura del dirigente cocalero Julio César Apaza. Los avasallamientos de tierras, la destrucción de los recursos naturales, la contaminación de ríos y la quema de bosques, y el daño irreversible a la flora y la fauna.
La corrupción generalizada fue una constante en la administración estatal. Recordemos la millonaria malversación del Fondo Indígena, la corrupción en el Banco Unión y otras entidades públicas. El saqueo de las arcas del Estado y de las reservas de divisas y oro del Banco Central de Bolivia.
No olvidemos los delitos de estupro y trata de personas de los que se acusa al expresidente Evo Morales, cuya investigación se ha abierto en la jurisdicción nacional y en la jurisdicción argentina. Probablemente el prontuario de crímenes sea aún más extenso; sin embargo, será la Fiscalía la instancia llamada a investigar los hechos acaecidos en estos 20 años y proceder conforme a ley.
En esta nota no es posible profundizar sobre las especificidades de cada uno de los ilícitos citados. No obstante, es menester realizar algunas puntualizaciones:
Con relación a los delitos por daños medioambientales, la Constitución Política del Estado atribuye responsabilidad a los funcionarios estatales por incumplimiento de las normas de protección al mediombiente, generándoles las correspondientes sanciones civiles, penales y administrativas. Estos son delitos imprescriptibles y en la concepción de la debida protección de los recursos naturales constituyen traición a la patria.
Respecto a los delitos que atentan contra los derechos humanos, éstos están tipificados ampliamente en la legislación boliviana y en muchos instrumentos jurídicos internacionales. Bajo principios de la norma internacional, dichos delitos deben ser sancionados sin lugar a transacción y/o conciliación concertada, ni siquiera entre el agresor y la víctima, porque no solo ofenden a las víctimas, también ofenden la dignidad humana en general.
Un dato importante para conocer es que el delito de narcotráfico está tipificado en tratados internacionales, cuyas normas, de manera categórica, obligan a todos los Estados a viabilizar la extradición de los narcotraficantes para sus respectivos juzgamientos, cualquiera que hubiese sido su participación en la cadena del narcotráfico y sea cual fuere el lugar de su comisión.
Para concluir subrayo que el delito de trata de personas, mujeres y niñas ha sido tipificado en convenios y protocolos internacionales que son vinculantes para Bolivia y que enfatizan la gravedad de este delito, ya que no solo ofende a las víctimas sino también a la sociedad en su conjunto, y debe ser castigado con todo el rigor de la ley.
La reconciliación sin justicia es impunidad. Sólo con verdad, rendición de cuentas y valores democráticos Bolivia podrá sanar y construir un futuro digno y próspero.
Por Karen Longaric, ex canciller de Bolivia.
Fuente: Ideas Textuales