En un llamado urgente, las organizaciones advirtieron que la violencia sistemática dentro del recinto penitenciario no solo pone en riesgo la integridad física y psicológica de los privados de libertad, sino que en varios casos ha llegado a provocar muertes. Uno de los puntos más alarmantes denunciados es la existencia de redes de extorsión al interior de la cárcel.
Fuente: ANF / La Paz
La Pastoral Carcelaria de Tarija (CPT) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDHT) denunciaron la violencia extrema que enfrentan las personas privadas de libertad en el penal de Morros Blancos, en la ciudad de Tarija. Ambas instituciones expresaron su “profunda preocupación e indignación” por la situación, que calificaron como un atentado diario contra la vida, la seguridad y la dignidad de los internos.
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En un llamado urgente, las organizaciones advirtieron que la violencia sistemática dentro del recinto penitenciario no solo pone en riesgo la integridad física y psicológica de los privados de libertad, sino que en varios casos ha llegado a provocar muertes.
“Es un escenario donde la vida está constantemente amenazada y donde la impunidad permite que estas prácticas se perpetúen”, señala la declaración emitida, a la que tuvo acceso ANF.
El pronunciamiento enfatiza la urgencia de que las instituciones responsables de velar por los derechos humanos determinen un estado de alerta permanente sobre el penal Morros Blancos. Según la CPT y la APDHT, este mecanismo es indispensable para garantizar un monitoreo constante y una respuesta rápida frente a posibles hechos de violencia.
Uno de los puntos más alarmantes denunciados es la existencia de redes de extorsión al interior de la cárcel. Según la Pastoral y la APDHT, grupos organizados operan con total impunidad, cobrando a los internos y sus familias por supuestas “protecciones” o beneficios, afectando sobre todo a quienes no cuentan con recursos económicos. Estos cobros ilegales, remarcan, se han convertido en una forma de intimidación permanente.
Las instituciones denunciantes también apuntaron a la “debilidad y corrupción institucional”, que obstaculiza el acceso a una justicia pronta, objetiva e imparcial. De acuerdo con el comunicado, la falta de control y de medidas efectivas por parte del Estado ha permitido que se consolide un sistema penitenciario “corrupto e ineficiente”, en clara contradicción con la Constitución Política, la Ley de Ejecución Penal y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.
Ante esta crisis, la CPT y la APDHT exigen una intervención inmediata del Ministerio de Gobierno y de Régimen Penitenciario para garantizar la seguridad en Morros Blancos. Además, solicitan el traslado urgente de internos hacia recintos donde existan mejores niveles de control y se pueda salvaguardar su integridad.
Otro de los puntos centrales del reclamo es la necesidad de una investigación independiente y transparente sobre los hechos denunciados. Las instituciones piden esclarecer responsabilidades, identificar a los autores materiales e intelectuales de la violencia y sancionarlos, para evitar que continúe la cadena de abusos y se repitan episodios trágicos.
Asimismo, demandan justicia para las víctimas de violencia dentro del penal, mediante mecanismos efectivos de protección y seguridad. “Es imprescindible garantizar que quienes sufrieron daños tengan acceso a reparación y que se establezcan medidas que impidan nuevos abusos”, subrayaron en el comunicado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos también instaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación a visibilizar esta problemática. “Difundir la denuncia es fundamental para evitar que se repitan hechos lamentables y para asegurar que la justicia y la humanidad prevalezcan”, afirmaron.