El rector de la UAGRM afirmó que la decisión judicial que otorga detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho es un paso hacia la recuperación del Estado de derecho en Bolivia.
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
Fuente: Red Uno
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, manifestó este miércoles su satisfacción tras conocerse la decisión judicial que concedió la detención domiciliaria al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, procesado en los casos Golpe de Estado I y Paro de los 36 días.
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“Nos alegra la determinación del juez que haya dado la libertad al gobernador para que él pueda volver a Santa Cruz. Se está volviendo a un Estado de derecho y esto es lo que espera todo el pueblo boliviano”, expresó Cuéllar.
El rector subrayó que, más allá de los nombres de los involucrados, los administradores de justicia deben actuar conforme a la ley y la Constitución Política del Estado (CPE).
“Independientemente de las personas, los administradores de justicia deben apegarse a la ley y a la Constitución”, afirmó.
Cuéllar se mostró optimista en que este fallo sea un precedente de independencia judicial en el país. Sin embargo, Cuéllar también cuestionó con firmeza que Camacho, junto a otros líderes cívicos y universitarios, siga enfrentando un proceso penal por el delito de terrorismo debido al paro de 36 días, que exigió al Gobierno la realización anticipada del Censo de Población y Vivienda.
“El proceso va a seguir por el delito de terrorismo por el solo hecho de haber solicitado el censo. A nosotros nos parece un abuso total”, declaró Cuéllar, quien también enfrenta cargos en la misma causa judicial. “Vamos a demostrar en el proceso que no hemos cometido ningún ilícito que contravenga a la Constitución”, añadió.
El paro cívico de 36 días paralizó el departamento de Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022 y concluyó luego de que el Gobierno promulgara la ley que fijó fecha para el censo. Pese a que la medida fue respaldada por diversos sectores sociales y académicos, sus principales impulsores hoy enfrentan un juicio por terrorismo, un tipo penal que ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su uso político.