En agosto de 2016, Bolivia adquirió 13 radares de tecnología francesa por el valor de $us 225 millones, luego de siete años recién se concluyó con su instalación, pero hasta ahora no se aprobó el reglamento que permita interceptar las aeronaves o avionetas irregulares en espacio aéreo boliviano, que en su mayoría trasladan droga.
Fuente: ANF / La Paz
La instalación del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta) concluyó en septiembre de 2023, pero hasta el momento no se aprobó el protocolo o reglamento que permita interceptar las aeronaves o avionetas irregulares en espacio aéreo boliviano, que en su mayoría trasladan droga.
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“Con relación a los protocolos, se está coordinando, se está haciendo. Ese protocolo en su momento se dará a conocer, si es que es un material que se debe dar a conocer; pero si es un material restringido o reservado, será de forma interna. Están en pleno trabajo”, respondió el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Ángel Morales, a la consulta de la ANF.
La disposición transitoria primera de la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo establece que la reglamentación será llevada a cabo por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, en un plazo de 180 días computables a partir de la publicación de esa norma. Fue promulgada el 22 de abril de 2014 por el entonces presidente Evo Morales, pasaron 11 años y hasta el momento no se aprobó la reglamentación.
En septiembre de 2023, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que la empresa francesa Thales Air Systems concluyó con la instalación de los 13 radares en 22 lugares, siete de ellos son de uso militar y destinados para la lucha contra el narcotráfico y el resto son para el control de vuelos comerciales.
En esa ocasión, el ministro dijo que ese reglamento debería ser aprobado a través de un decreto supremo, pero tampoco no existe un documento de esas características en la Gaceta Oficial del Estado.
“Hemos ido trabajando un decreto supremo enmarcado estrictamente en la ley 121, este decreto supremo está evaluado en lo que es la instancia del Udape para luego ir al Conapes y llegar al Gabinete, ha sido cuidadosamente trabajado”, señaló.
Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas, integrante de la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, de la Cámara Baja, cuestionó que hasta el momento no se cuente con la reglamentación para luchar contra el narcotráfico. Consideró que esa situación muestra que existe protección a las organizaciones criminales.
“Este Gobierno ha convivido con el narcotráfico, se ha visto presencia de súbditos brasileros que tiene nexos con el narcotráfico, los casos de aeronaves con matrículas bolivianas interceptadas en el exterior. Entonces, es lamentable que los radares que han sido comprados a un alto no puedan funcionar debido a la falta del reglamento”, criticó.
Por otra parte, anunció que desde la Comisión de Gobierno de Diputados solicitarán un informe al Ministerio de Defensa, aunque admitió que hay la posibilidad de no tener una respuesta debido al poco tiempo que les queda en el poder.
En agosto de 2016, Bolivia adquirió 13 radares de tecnología francesa por el valor de $us 225 millones, luego de siete años recién se concluyó con su instalación.