Jhonny Aguilera afirmó que la Policía verifica posibles acogidas y realiza allanamientos, tras confirmar que no hay registro de migración legal.
Fuente: ANF
A casi una semana de haberse librado el mandamiento de aprehensión en contra de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, aún no se tiene conocimiento de su paradero. Las autoridades policiales y la Fiscalía han intensificado labores de rastreo, pero hasta el momento no han dado con él.
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El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que no hay un flujo migratorio legal registrado de Arce Mosqueira, lo que sugiere que no salió del país por las vías formales. “La policía continúa con la búsqueda e intervención de lugares donde posiblemente pueda estar escondido”, dijo. Aguilera aseguró que se están inspeccionando inmuebles usados como posibles acogidas, y que se desplegaron allanamientos para direccionar operativos de inteligencia.
Según el viceministro, el propio presidente Luis Arce ha expresado que “todos debemos someternos ante la ley”, lo que respalda la línea de acción que la Policía boliviana adopta para cumplir con el requerimiento fiscal por el delito de agresión contra su pareja. Aguilera aseguró que la fiscalía departamental coordina las acciones necesarias para proceder conforme al mandamiento.
La orden de captura contra Marcelo Arce fue emitida por la Fiscalía especializada en delitos de género, tras una denuncia de su pareja por violencia familiar. Según reportes oficiales, la víctima fue sometida a un examen forense que determinó 12 días de impedimento médico.
Durante los allanamientos en inmuebles vinculados al caso, no se logró localizar al acusado. En dichas intervenciones se incautaron dispositivos de videovigilancia para continuar el análisis forense de la investigación.
En paralelo, el caso fue declarado en reserva por el juzgado correspondiente, a pedido de la fiscal Jessica Echeverría, quien adujo que filtraciones de información habían afectado el avance de las pesquisas.
La fiscal también denunció que durante los allanamientos Marcelo Arce habría intentado presionar a familiares de la víctima a desistir del proceso.
Desde el ámbito político, el proceder de la Policía ha sido cuestionado. Organizaciones feministas han exigido que la orden judicial se ejecute sin privilegios, y que el caso sea investigado con imparcialidad.
Además, se señala que el mandamiento debió cumplirse en tiempo más breve ante la gravedad de la acusación.
El caso también ha desatado presiones institucionales. La fiscal que emitió la orden de captura declaró públicamente que existen gestiones para su remoción, supuestamente por influencias de instancias del Ejecutivo que estarían incómodas con el proceso.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado subrayó que la investigación sigue su curso y aseguró que, sin importar la filiación política del implicado, actuará con “todo el rigor de la ley” para que la víctima obtenga justicia.
El país observa con atención el desarrollo de este caso, cuya resolución podría marcar un precedente en el tratamiento judicial de miembros de círculos vinculados al poder político.
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