Álbaro Guzmán, abogado defensor del exgerente de YPFB Logística, Félix Abraham Cruz Taca, afirmó que la solicitud de detención preventiva presentada por el Ministerio Público dentro del caso Botrading es una medida “desproporcionada” y carente de sustento legal.
Fuente: Brújula Digital
Álbaro Guzmán, abogado defensor del exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) Logística, Félix Abraham Cruz Taca, afirmó este sábado que la solicitud de detención preventiva presentada por el Ministerio Público dentro del caso Botrading es una medida “desproporcionada” y carente de sustento legal.
“Ayer fuimos notificados con la imputación formal y el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva de Félix Cruz. Analizamos los fundamentos de la Fiscalía y preparamos la defensa técnica para presentarnos a la audiencia”, declaró Guzmán.
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Según el abogado, en los antecedentes presentados por el Ministerio Público no figura ningún contrato firmado por su defendido. “No existe ninguna responsabilidad para suscribir contratos, contratar a Botrading ni relación alguna con esa empresa. Simplemente por el cargo que ocupa se le quiere responsabilizar, pero las decisiones de compra de acciones y firma de contratos corresponden a la directiva de YPFB Corporación, no a Félix Cruz”, sostuvo.
La audiencia de medidas cautelares comenzó alrededor de las 11:00 de este sábado y definirá si Cruz continúa el proceso en libertad o bajo una medida restrictiva como la detención preventiva.
El exgerente de YPFB Logística se presentó el viernes en la Fiscalía de La Paz para declarar en el caso Botrading, donde figuran al menos 10 investigados, entre ellos el actual presidente de YPFB, Armin Dorgathen. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, también declaró por este caso el pasado 3 de septiembre.
La investigación, conducida por la Fiscalía Anticorrupción, busca esclarecer las operaciones de compra de combustibles realizadas a través de la empresa intermediaria Botrading, con sede en Paraguay. Dichas operaciones habrían generado un presunto daño económico al Estado de al menos 355 millones de dólares.
BD/RED
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