En 2020, se tramitó una asistencia financiera por $us 327 millones, para enfrentar la pandemia del Covid – 19
Fuente: eldeber.com.bo
La defensa de nueve acusados por supuestas irregularidades en un contrato de asistencia financiera tramitado a través del Banco Central de Bolivia (BCB), ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones, para la atención de las emergencias del Covid – 19, en 2020, rechazan la ilegalidad en la que se desarrolla el juicio en su contra, exigen evitar una sentencia basada en argumentos equivocados.
De acuerdo a la denuncia del gobierno del presidente Luis Arce, además de asegurar que no hubo aprobación de la Asamblea Legislativa, “este préstamo además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano y se condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI, de esa manera se habría incumplido con los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado”.
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En contraparte, fuentes oficiales, ligadas a la defensa de los nueve acusados, que piden reserva de su identidad mientras se desarrolla el juicio, explicaron que no se trata de un préstamo, como lo afirman los acusadores. Asimismo, señala que existe un doble juzgamiento, debido a que anteriormente ya se investigó el hecho y la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Juan Lanchipa, descartó la denuncia.
“El intercambio financiero de Bolivia con el FMI a través del Financiamiento Rápido (IFR), fue la compra directa por el FMI, a solicitud del país, de los Derechos Especiales de Giro de Bolivia (DEG) sujeta a una obligación de recompra al final del plazo. El intercambio financiero con el FMI en el marco del IFR no fue la contratación de un préstamo en sentido jurídico ni en sentido técnico y por tanto no requería de la aprobación de la Asamblea Legislativa”, señala parte de la explicación de la fuente.
Por otra parte, Norka Cuéllar, abogada de la expresidenta Jeanine Áñez, detalló que la denuncia también incluía a la exmandataria, pero que luego ella no fue imputada y tampoco figura en la acusación.
Entre las personas que ahora están en juicio, figuran el exministro de Economía, José Luis Parada, el expresidente del BCB, Guillermo Aponte (declarado rebelde), los exdirectores del ente emisor Armando Pinel, Walter Morales, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza, además del exgerente de operaciones Walter Guzmán. También fueron incluidos el exviceministro Carlos Schlink y el el exfuncionario Cristhian Morales.
De acuerdo a la diputada María José Salazar (Comunidad Ciudadana) el gobierno de Arce prefirió devolver el préstamo del FMI, con intereses, por temas políticos antes que atender la salud de los bolivianos, en plena crisis sanitaria, cometiendo un atentado contra la salud.