Expertos califican el proyecto como una medida demagógica y populista, señalando que constituye una decisión apresurada al final del mandato presidencial. Se plantea una reglamentación en tiempo récord antes del cambio de Goberno.
Fuente: El Deber
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En un movimiento clave al cierre de su gestión, el presidente Luis Arce impulsa una ley que otorga seis meses de diferimiento de créditos y suspensión de embargos para prestatarios de vivienda social y micro y pequeños empresarios. La norma que ahora se debate en el Senado establece un plazo de 10 días hábiles para su reglamentación a partir de su promulgación.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos” tras un debate de seis horas que se extendió desde la noche del 11 de septiembre hasta la madrugada del día siguiente. La propuesta de norma fue presentada por el Ejecutivo el 6 de junio.
“EI Órgano Ejecutivo reglamentará mediante Decreto Supremo la presente Ley en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, computables a partir de su publicación” se lee en disposición final única del proyecto de ley.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la medida señalando que beneficiará a alrededor de 1,4 millones de prestatarios.
“Se sacaron circulares con la ASFI para la reprogramación y financiamiento, pero ya en el caso de muchos prestatarios que están viendo que les están liquidando su vivienda sienten que no van a poder resistir”, señaló.
Montenegro aseguró que el diferimiento representa solo el 3% de la cartera total y que no pone en riesgo los depósitos de los ahorristas.
¿Demagogia?
No obstante, la propuesta desató cuestionamientos desde distintos frentes. Analistas políticos consideran que la medida, que se proyecta de manera apresurada y coyuntural en la recta final del mandato de Arce, es “demagógica, populista e irresponsable” para congraciarse con sectores afectados por la crisis económica.
“Lanza una medida que pone nuevamente en riesgo precisamente a un sector que ha estado sólido durante los últimos años y que demuestra una vez más que Bolivia es un país que no tiene seguridad jurídica, donde las decisiones son más de corte demagógico, populista y altamente irresponsables. Es un presidente que se está yendo de la peor manera y esto es un cherry más sobre la torta”, apuntó el politólogo Franklin Pareja.
El experto señaló que el primer mandatario no tomó decisiones estructurales en los últimos años de su gestión y se todo su mandato se limitó a “resistir” en lugar de gobernar, evitando medidas difíciles por temor a reacciones populares o por cálculos políticos.
“El presidente no puede tomar decisiones a último momento, siendo que no ha tomado las decisiones más importantes hace más de dos años. No es un presidente que ha gobernado, es un presidente que se ha dedicado a resistir, no se ha animado a tomar decisiones quizás por temor al embate o a la reacción popular, quizás por cálculo político, porque en algún momento tenía pretensiones de ser candidato y tomar una decisión dura hubiera lastrado sus probabilidades de serlo”, manifestó.
Por su parte, el analista político Franco Gamboa indicó que el proyecto de ley y el corto tiempo para su reglamentación reflejan que la gestión de Arce se caracteriza por decisiones coyunturales y populistas desde 2020.
“La aprobación del diferimiento en el crédito de muchos prestatarios, obedece, una vez más, a un ‘intento populista’ de quedar bien con los sectores sociales que están siendo afectados por la inflación y las dificultades de enfrentar, con calma, los tremendos impactos de la crisis. Esta ley expresa cómo Luis Arce prefirió, desde un comienzo, en 2020, apoyarse en medidas coyunturales, el cálculo populista y el apoyo social politizado, sin pensar en una gestión pública eficiente, capaz de mirar, a fondo, el ‘fortalecimiento de las capacidades del Estado’”, expresó.
Gamboa señaló que el Gobierno debió haber diseñado una política para refinanciar y asesorar, caso por caso, a los prestatarios, con la finalidad de dejar un legado “social de acompañamiento profesional y realista”, pero en lugar de eso deja las capacidades estatales debilitadas y, en muchos casos, “destruidas por sus pésimas decisiones de corto plazo”.
El impulso de esta ley se produce en un momento crítico para el presidente Luis Arce, cuya gestión se acerca a su fin marcada por la fractura del MAS, escándalos que involucran a su entorno familiar y una profunda crisis económica, caracterizada por la escasez de dólares, la falta de combustibles y la peor inflación en décadas, entre otros factores.
Polémica en su aprobación
El debate en Diputados reflejó posturas encontradas. La diputada Betty Yañiquez del MAS defendió la ley, aclarando que protege a quienes tienen viviendas de interés social, no a grandes comerciantes con múltiples propiedades, aunque pidió definir claramente los criterios de elegibilidad. “No se habla de condonación de deudas se busca evitar que bolivianos y bolivianas se queden sin hogar”, enfatizó.
En contraste, el diputado Carlos Alarcón de CC tildó la norma de “demagógica” y recordó que el Gobierno ya afectó a la banca con la falta de liquidez de dólares y declaró: “Los que se van a perjudicar serán los depositantes cuando necesiten que se les devuelvan los depósitos y los prestatarios nuevos que necesiten los prestamos también para microcrédito y vivienda social”.
Por su parte la diputada Toribia Lero de CC, mencionó que si bien ya se aplicó un diferimiento por la pandemia de covid en 2020, la situación del país no es la misma porque entonces había gas, diesel y dólares.
Mientras que la diputada Magaly Gómez del MAS cuestionó que el Gobierno tampoco de muestras de apoyo a los micro y pequeños empresarios que en su criterio son “asfixiados” con impuestos. “Frente a un momento de crisis, impuestos cada vez esta recaudando más, como explicamos a la sociedad, a los micro emprendimientos y los sectores este fenómeno”, cuestionó.
Senado proyecta audiencias
La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado, que se dispone a debatir la norma en los siguientes días, anunció que convocarán a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), y a los sectores que solicitaron el diferimiento al Gobierno.
“Estamos como comisión revisora y vamos analizar y pedir informes a donde corresponde. Vamos a convocar a todos, a los banqueros y a los prestatarios, para tener una información clara y en base a eso definir como comisión”, informó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Pedro Benjamín Vargas.
En la misma línea la senadora Virginia Velasco dijo: “Vamos a revisar el contenido y espíritu que tiene este proyecto de ley de diferimiento y vamos a convocar a diferentes sectores sociales para que puedan exponernos la necesidad que tienen, el espíritu de la ley y los contenidos. Vamos a escuchar a todos a Asoban Conamypes (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa), no se puede cerrar las puertas a nadie”.
Mediante un pronunciamiento, el 4 de septiembre la Asoban expresó su preocupación por el proyecto de ley de diferimiento de créditos y advirtió que una medida de este tipo podría comprometer la estabilidad del sistema financiero. Además alertó que la propuesta forzaría una restricción del crédito, y reiteró su disposición para analizar cada caso de manera individual.
Fuente: El Deber