Pero la Ley Nº 1352, hecha por el mismo masismo cínico que suplicó un avión extranjero para que llevara a su máximo jefe y ex presidente Evo Morales a buscar asilo en México, sin haber terminado su mandato, sin responder ante la justicia por el fraude electoral maquinado para impedir la segunda vuelta y perpetuarse en el poder, abandonando el país y maquinando la violencia civil que acostumbra cuando no se cumplen sus designios, sigue vigente.
La semana pasada el abogado chuquisaqueño Christian Mina Aguilar solicitó un arraigo nacional para el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el gabinete ministerial una vez que concluyan sus funciones. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, respondió en conferencia de prensa: «El arraigo ya está vigente. Quienes terminan su gestión no pueden viajar hasta tres meses después (el 8 de febrero de 2026)”.
Esto que ratifica que la vigencia de la ley nacional formulada con un afán de revanchismo político y advertencia de persecución judicial al gobierno transitorio de Jeanine Añez, se les vuelve en contra a los autores del MAS, quienes desoyeron inclusive las observaciones de la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en sentido que la norma viola los estándares internacionales de derechos humanos.
Vigente la ley de arraigo, la aberración legislativa fabulada como «derecho penal del enemigo» se aplica ahora a los propios «ex compañeros» masistas de la época y hoy divididos, el ex ministro de Economía de Evo Morales devenido en el presidente más impopular de los últimos 40 años.
Como decía Percy Fernández, el ex Alcalde cruceño, «no hay inventor que no se joda».
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Gabriela Ichaso / ideastextuales.com
