De ser el «hombre fuerte» del gobierno de Jeanine Añez a llegar en calidad de aprehendido tras cumplir una condena en Estados Unidos, Arturo Murillo ya se encuentra nuevamente en suelo boliviano. Ahora espera su destino legal en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), casi cinco años después de haber dimitido como ministro de Gobierno, tras la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2020.
Una serie de hechos políticos vinculados a la corrupción, sobreprecios e incluso la acusación a una mujer inocente terminaron por dañar la imagen de quien fuera el hombre detrás del poder durante el gobierno de la presidenta interina, entre 2019 y 2020.
Arturo Murillo nació el 27 de diciembre de 1963 en Cercado, Cochabamba. Antes de ingresar a la política, se dedicó al rubro del turismo. Fue empresario hotelero y llegó a presidir la Asociación Hotelera del Trópico de Cochabamba.
Inició su carrera política en 2005, cuando fue invitado por Unidad Nacional (UN), el partido de Samuel Doria Medina, y logró ser elegido diputado por Cochabamba. En 2009 fue subjefe de campaña presidencial de Doria Medina, y en 2014 accedió a una curul en la Cámara de Senadores. En 2018 rompió con UN y se alineó con Demócratas, consolidándose como un firme opositor a Evo Morales.
En la actualidad, el exministro se encuentra detenido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz. Sobre él pesan dos condenas y al menos 15 procesos judiciales. Este viernes, a las 13:45, un juzgado debía definir su situación jurídica; sin embargo, la audiencia fue suspendida y entró en un cuarto intermedio.
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No obstante, Murillo no tardó en dar sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. “Estoy feliz de estar en Bolivia para ver el entierro del MAS”, afirmó antes de ingresar al vehículo que lo trasladó nuevamente a celdas policiales, la tarde de este viernes.
Murillo arribó al país la madrugada del jueves en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) a la ciudad de Santa Cruz, donde fue inmediatamente aprehendido por efectivos de la Policía Boliviana. Horas más tarde, ya se encontraba en el Aeropuerto Internacional de El Alto, desde donde fue escoltado a dependencias de la fuerza anticrimen en La Paz.
En ese marco, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detalló que sobre el exministro Arturo Murillo, considerado el “hombre fuerte” del gobierno de Añez, pesan al menos 15 procesos judiciales. De ellos, 10 se encuentran en etapa de juicio oral, es decir, con acusación formal; dos están en etapa preparatoria, con imputación formal que debe ser evaluada por un juez cautelar; y tres se hallan en etapa preliminar, donde los fiscales aún deben decidir si emitir o no la imputación.
“Está claro que esta persona debe ser trasladada a una cárcel pública en el departamento de La Paz, para cumplir, ya sea la condena en dos casos o, en su defecto, la detención preventiva que corresponde por la rebeldía que en su momento dictó un juez”, enfatizó Mariaca.
Caso Gases
Las sentencias que pesan sobre el exministro Murillo corresponden a dos casos: el de los Gases Lacrimógenos, con una condena de ocho años de prisión, y el caso de los pertrechos de Ecuador, con una condena de dos años y cuatro meses. El primero fue revelado por la red Gigavisión, a partir de un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Murillo fue hallado culpable de los delitos de soborno y lavado de activos en un banco de Estados Unidos, en el marco de la compra con sobreprecio de agentes químicos (gases lacrimógenos, estopines y balines de goma) por un valor de 5,6 millones de dólares, realizada a través de una empresa intermediaria.
En ese país, fue sentenciado a 70 meses de prisión en el Centro de Detención Federal (FDC) de Florida, tras ser declarado culpable de recibir sobornos y lavar dinero entre 2019 y 2020, cuando ejercía como ministro de Gobierno en Bolivia.
Paralelamente, el exministro del gobierno de Áñez enfrenta el proceso conocido como caso Gases Lacrimógenos, por la compra con sobreprecio de agentes químicos, como gases lacrimógenos, estopines y balines de goma, destinados a la Policía y a las Fuerzas Armadas, por un monto total de 5,6 millones de dólares.
La adquisición fue realizada a la empresa brasileña Cóndor, a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS LLC), perteneciente a Luis Berkman Litmann y Bryan Samuel Berkman. Según las investigaciones, el costo real de los agentes químicos era de 3,3 millones de dólares, lo que generó un presunto daño económico al Estado de 2,3 millones de dólares.
Casgo Gases Ecuador
Murillo, junto a sus homólogos Luis Fernando López Julio y Roxana Lizárraga, fueron declarados en rebeldía en mayo del año pasado. Se sabe que los tres exministros del gobierno de Áñez enfrentan procesos judiciales, y la Fiscalía solicita una pena de 30 años de cárcel para los implicados en toda la investigación relacionada con la compra irregular de materiales.
Según datos de la Fiscalía, los agentes químicos ingresados a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para uso en exteriores.
Caso Senkata
Según datos de la Fiscalía, los agentes químicos ingresados a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para uso en exteriores.
Bebé Samantha
El exministro de Gobierno deberá también afrontar una audiencia por la denuncia de difamación y calumnia presentada por Lourdes Pacheco, a quien acusó falsamente hace cinco años de secuestrar a la bebé Samantha.
La defensa de la víctima exige una compensación de al menos un millón de dólares por los daños ocasionados a Pacheco, debido a la exposición pública sin rectificación posterior durante la pandemia de Covid-19.