En los primeros ocho meses del año, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) destacó el crecimiento de la cartera crediticia, los depósitos, el incremento de utilidades, así como la liquidez y solvencia que mantienen las entidades financieras. Por ello, descartó que la aprobación de un nuevo diferimiento, por parte de la Asamblea Legislativa, genere un impacto negativo para los prestatarios de créditos de vivienda social y microcrédito.
La directora de la ASFI, Ivette Espinoza, realizó este martes una evaluación del sistema financiero y destacó que los préstamos ascienden a 226.637 millones de bolivianos, un 3,5 % más que en agosto de 2024. Además, la mora se sitúa en 3,2 %, cifra inferior al promedio regional, y las previsiones cubren el 137 % de este índice.
Los depósitos suman 225.860 millones de bolivianos, lo que representa un aumento del 1,6 % en los últimos 12 meses, periodo en el que se abrieron 1,6 millones de cuentas adicionales. Por su parte, el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), que refleja la solvencia del sistema financiero, alcanza el 14,6 %, superando el porcentaje mínimo establecido por ley, que es del 10 %.
Destino de la cartera
El crédito productivo suma 109.335 millones de bolivianos, lo que representa un crecimiento del 6,4 % en el último año. De este total, 3.900 millones de bolivianos se destinaron a la industria manufacturera; 1.657 millones a la agricultura y ganadería; 496 millones a la construcción; 372 millones a minerales metálicos y no metálicos; y 140 millones a petróleo y otros sectores.
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La cartera de créditos de vivienda suma 55.252 millones de bolivianos al mes de agosto y muestra un decrecimiento del 1,9 % respecto a agosto de 2024. De ese total, la cartera de vivienda social alcanza los 30.400 millones de bolivianos, de los cuales un 74,1 % se destinó a la compra; 16,9 % a la construcción; 5,5 % a la refacción y remodelación; 3,5 % a la adquisición de terrenos; y el 0,003 % al anticrético.
Espinoza explicó que la contracción de la cartera de vivienda se debe a varios factores. Primero, la recuperación post-pandemia: mientras algunos sectores lograron estabilizarse, otros aún atraviesan procesos de recuperación que limitan la capacidad de los hogares para asumir nuevas deudas a largo plazo.
Un segundo problema está relacionado con los bloqueos, paros y protestas en distintas regiones del país durante los últimos años, los cuales han generado un clima de incertidumbre que desincentiva las inversiones familiares, como la compra de vivienda.
Una tercera causa responde a las sequías, inundaciones y heladas que han afectado la producción agrícola y los ingresos de muchas familias, obligándolas a priorizar otro tipo de gastos o inversiones.
Diferimiento y reprogramación
El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley N° 547/2024-2025, que plantea un diferimiento de seis meses para créditos de vivienda social, así como para deudas contraídas por micro y pequeños prestatarios, con el fin de permitir la recuperación progresiva de sus actividades económicas y restablecer sus flujos de caja. Además, propone la suspensión temporal de las ejecuciones de embargo y sentencias judiciales contra prestatarios que cuentan con créditos de vivienda de interés social.
La norma fue rechazada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y el sector privado, quienes aseguraron que comprometerá la estabilidad del sistema financiero y que, además, “no resolverá los problemas que atraviesa la población”.
La directora de la ASFI aclaró este martes que, si el proyecto de ley se aprueba, la cartera potencial a diferir podría alcanzar el 47 % del total registrado en agosto, es decir, 105.575 millones de bolivianos. Esta cifra representa menos de la mitad de los préstamos que se beneficiaron en 2020 con una medida similar, que abarcó 179.945 millones de bolivianos de la cartera.
Espinoza explicó que las utilidades del sistema financiero en agosto de 2020 alcanzaban los 872 millones de bolivianos, y cinco años después, en los primeros ocho meses de 2025, se sitúan en 1.742 millones de bolivianos, lo que representa un crecimiento del 99 %. Además, si se compara con las ganancias del año anterior, el incremento es del 37 %.
A pesar de la pandemia de Covid-19, los conflictos sociales y los fenómenos climatológicos, los bancos y otras entidades del sistema financiero generaron beneficios en todo momento, destacando que la intermediación financiera representa el 64 % de estas ganancias.
Por otro lado, la liquidez alcanza los 74.369 millones de bolivianos, un 4,4 % por encima de los niveles registrados en agosto de 2024. Las entidades de intermediación cuentan con los recursos suficientes para garantizar la devolución de los depósitos cuando los clientes lo requieran, así como para atender la demanda de préstamos.
De acuerdo con Espinoza, estas cifras de utilidades y liquidez demuestran que el sistema financiero no está en una situación crítica como para que un nuevo diferimiento afecte a las instituciones financieras.
«No es que con esto se afecte gravemente a las entidades financieras. Además, la liquidez alcanza los 74.369 millones de bolivianos, por lo que cuentan con los recursos suficientes para devolver los depósitos. Con el proyecto de ley no se diferirá toda la cartera», remarcó.
La cartera reprogramada hasta agosto llega a 16.229 millones de bolivianos, un 15 % más que hace un año, y un total de 104.000 prestatarios se beneficiaron con esta política. El 99 % corresponde a personas que han accedido a microcréditos, créditos de consumo y de vivienda.