Asosur exige a YPFB transparencia en datos sobre suministro de diésel


La administración de los surtidores privados del país rechazó las acusaciones de desvío de combustibles.
Fuente: La Razón
Por Daniel Zenteno / La Paz 

La Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) rechazó este viernes las declaraciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien denunció que algunas estaciones de servicio desvían diésel subvencionado hacia el contrabando interno y un supuesto mercado paralelo.

“El hecho de realizar declaraciones generalizadas, sin pruebas ni sustento probatorio, daña la imagen de todo un sector regulado y supervisado permanentemente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”, señaló la organización en un comunicado.



Asosur

El miércoles, Dorgathen afirmó que de los 20.000 litros de diésel que se entregan a un surtidor, 17.000 o 18.000 se ponen a la venta, pero el restante se destina al mercado negro. Explicó que esto ocurre por los elevados precios del diésel del contrabando, pues el litro se comercializa en más de Bs 12, más de tres veces que el costo subvencionado de Bs 3,72.

Al respecto, Asosur exigió a la estatal petrolera transparencia en la información y la publicación inmediata de los volúmenes programados y despachados a las estaciones de servicio desde las distintas plantas de almacenamiento de YPFB.

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“Debe hacerlo en estricto cumplimiento de los principios constitucionales de publicidad, transparencia y acceso a la información establecidos en la Constitución Política del Estado”, remarcó.

La entidad que agrupa a los propietarios de estaciones de servicio ratificó su compromiso con la legalidad y la provisión continua de combustibles a la población, pero al mismo tiempo defendió la honorabilidad del sector.

“Exigimos respeto a nuestro gremio, que constituye un eslabón fundamental en la cadena de suministro energético del país”, se lee en el comunicado.

Desde que iniciaron los problemas en la distribución de combustibles, Asosur y YPFB se acusaron en reiteradas ocasiones. De acuerdo con la administración de surtidores privados, la estatal redujo la entrega de carburantes en hasta un 50%, lo que pone en riesgo los trabajos de miles de personas y la operabilidad de las estaciones de servicio.