La ley que prohíbe la unión libre y el matrimonio de menores de 18 años fue promulgada por el presidente en ejercicio, David Choquehuanca. Establece que el matrimonio o la unión libre entre menores a la edad requerida son nulos de pleno derecho.
Fuente: ABI / La Paz
El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó este jueves la modificación a la Ley 603, que prohíbe los matrimonios y uniones forzadas de menores de edad en Bolivia.
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“Hoy, una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional remitió al Órgano Ejecutivo la Ley Modificatoria a la Ley N.º 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, nuestro presidente en ejercicio, David Choquehuanca, inmediatamente la promulgó”, destacó el presidente Luis Arce a través de sus redes sociales.
Arce, quien se encuentra en Nueva York, explicó que la norma establece que “el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia”.
Con esta promulgación, Bolivia da un paso decisivo en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, al consolidar la Ley Modificatoria del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que prohíbe de manera expresa el matrimonio infantil.
La norma, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado 17 de septiembre, fue remitida el miércoles al Órgano Ejecutivo y promulgada de inmediato por el presidente en ejercicio.
Esta reforma elimina la disposición que permitía el matrimonio desde los 16 años con autorización de los padres o por vía judicial, cerrando una puerta legal que permitía uniones tempranas bajo excepciones.
Por su parte, organizaciones sociales, colectivos feministas y defensores de derechos humanos celebraron la aprobación de la norma, al considerarla un avance significativo en la lucha contra la violencia infantil y una respuesta a una histórica deuda del Estado con la niñez boliviana.
En Bolivia, hasta antes de esta modificación, la legislación permitía excepcionalmente los matrimonios de adolescentes desde los 16 años con autorización judicial o paterna, una figura legal que fue objeto de críticas durante décadas por organismos internacionales y que, según datos de Naciones Unidas, contribuyó a que miles de niñas fueran expuestas a uniones tempranas y a mayores riesgos de abandono escolar, violencia y pobreza.