En 2009, la nueva Constitución de Bolivia desarrolló un sistema judicial único en el mundo: la elección popular de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agrario Nacional (TAN). La intención declarada era noble: despolitizar el poder judicial y otorgarle una legitimidad democrática directa que lo hiciera inmune a las presiones de los poderes tradicionales. Sin embargo, a lo largo de tres procesos electorales (2011, 2017 y 2024), este modelo ha demostrado ser una herramienta disfuncional, profundizando la crisis de legitimidad del sistema judicial y acentuando el control político sobre la justicia. La historia de estas elecciones es un caso de estudio sobre cómo una buena intención puede generar efectos perversos.
La promesa original y la cruda realidad
La idea de que los ciudadanos eligieran a sus jueces se originó como una respuesta a la desconfianza histórica en un poder judicial percibido como corrupto y capturado por los partidos políticos. El sistema se diseñó en dos etapas: una preselección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una elección general en la que los ciudadanos votarían por los postulantes. No obstante, este proceso, en la práctica, ha sido el principal punto de quietud. En un contexto de hegemonía del partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la preselección legislativa se ha caracterizado por la falta de transparencia y el control político, lo que ha generado listas de candidatos alineados con los intereses del poder en turno, socavando el espíritu despolitizador del modelo.
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Elecciones de 2011 y 2017: El grito del voto nulo
Las dos primeras elecciones judiciales revelaron la profunda crisis de confianza y el desinterés de la ciudadanía. En la elección de 2011, más del 60% de los votos fueron nulos o blancos, superando a los votos válidos. Este resultado, un claro voto de protesta, se repitió en 2017, cuando el porcentaje de votos nulos y blancos superó el 50%. La prohibición de que los candidatos hicieran campaña, sumada a la falta de información proporcionada por el Órgano Electoral, dejó a la población en la oscuridad, sin conocer los méritos profesionales de los postulantes. Estos resultados reflejaron una realidad alarmante: el sistema electoral, lejos de empoderar a la ciudadanía, generaba apatía y rechazo, lo que ponía en entredicho la legitimidad de los magistrados electos. A esto se suma que los calificados y después elegidos eran funcionales a los designios de Evo Morales y sus seguidores.
Elección de 2024: La oscura realidad de las campañas clandestinas
La elección de 2024, aunque vio una ligera disminución en el voto nulo, reveló una dinámica aún más preocupante. A pesar de la prohibición de la propaganda electoral, varios candidatos se embarcaron en campañas millonarias y clandestinas, utilizando las redes sociales y eventos públicos para ganar visibilidad. El origen de estos fondos opacos es una de las grandes incógnitas y ha encendido las alarmas sobre un posible financiamiento de grupos de poder político o económico que buscan influir en el sistema judicial. El Tribunal Supremo Electoral ha demostrado su incapacidad para fiscalizar y controlar estas prácticas, lo que ha puesto en evidencia un problema estructural: la lógica de la elección popular choca con la imparcialidad que requiere la función judicial. Tampoco hay que dejar de lado que el proceso de elección de candidatos no era plenamente transparente, como, por ejemplo, corresponde citar a la parlamentaria que orientaba en las respuestas del examen a algunos candidatos y la existencia de sospechas de cuoteo en los elegidos para ser candidatos.
Un desempeño judicial cuestionado
El trabajo de los magistrados elegidos bajo este sistema ha sido, en gran medida, poco destacable. Me referiré especialmente al desempeño de los magistrados del Tribunal Constitucional que, en comparación con la labor del TC anterior a 2005, deja muchos interrogantes, sobre todo en lo que respeta a la independencia en la emisión de los fallos. El ejemplo más infame de esta degradación es la sentencia constitucional de la reelección indefinida, que permitió al entonces presidente Evo Morales postularse a un tercer mandato, a pesar de que la propia Constitución y el resultado de un referéndum popular lo prohibían expresamente. Esta decisión fue vista por muchos como una muestra de cómo los tribunales, en lugar de ser un contrapeso al poder, se convirtieron en un instrumento para perpetuarlo. Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Neldy Virginia Andrade Martínez y Ruddy José Flores Monterrey tienen una cuenta pendiente con la historia, el sistema democrático y con el descrédito del Tribunal Constitucional.
En el caso del Tribunal Constitucional elegido en 2017, la situación se ha vuelto aún más compleja. La presencia de los denominados magistrados “auto prorrogados”, que continúan ejerciendo funciones más allá de su mandato, ha generado una crisis institucional y ha provocado una situación de usurpación de funciones que debe ser juzgada. A Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (Beni), René Ivan Espada Navia (Pando), Karem Lorena Gallardo Sejas (Cochabamba), Isidora Jiménez Castro (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo (Tarija), les esperan un camino donde tienen que responder por este actuario arbitrario e irregular.
El trabajo desarrollado por los magistrados electos al Tribunal Supremo de Justicia elegidos en 2011 y 2017 ha dejado un sinsabor rodeado de sospechas de favoritismos, sobre todo en temas relacionados con lo político y sospechas de corrupción. En el Tribunal Supremo de Justicia los auto prorrogados son Carlos Alberto Egüez Añez, de Beni, y Ricardo Torres Echalar, de Pando.
En el caso del Consejo de la Magistratura, sin excepción los elegidos en 2011 y 2017 se fueron con más pena que gloria, se denunciaron muchos hechos de corrupción y en esto destaca Marvin Molina Casanova, con denuncias y hasta presentación de audios en su contra por un manejo arbitrario referente a designaciones y rodeado de corruptela.
Con referencia a los elegidos en diciembre de 2024, queda un tiempo para evaluar su trabajo, aunque la disposición de revisión de tiempos de detenciones preventivas por parte del Presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, o el intento de transparentar fallos por parte del magistrado del TCP, Boris Wilson Arias López, es un paso positivo, empero no es suficiente, se tiene que avanzar más agresivamente.
Consecuencias y la urgencia de una reforma
La experiencia boliviana demuestra que la elección popular no ha logrado despolitizar la justicia. Al contrario, ha acentuado la crisis institucional y ha facilitado la captura política de los tribunales. Este modelo ha conducido a:
Persistencia de la politización: El control político en la preselección ha garantizado que los candidatos electos no sean verdaderamente independientes.
Judicialización de la política: Las decisiones de los tribunales han perdido su carácter técnico y son percibidas como el resultado de pugnas de poder.
Baja calidad de las candidaturas: El sistema favorece a candidatos con conexiones políticas o recursos económicos, en lugar de aquellos con los mejores méritos profesionales.
Erosión de la legitimidad: El alto porcentaje de votos nulos y la falta de confianza ciudadana demuestran que el sistema es percibido como disfuncional.
La lección para otros países que exploran modelos similares es clara. En Latinoamérica, por ejemplo, México ha propuesto un sistema de elección popular de jueces con el fin de «democratizar» su poder judicial, lo que ha generado preocupación en expertos que ven en la experiencia boliviana una clara advertencia. Los problemas estructurales del modelo (baja calidad de candidaturas, participación electoral mínima y politización visible) sugieren que la elección popular no es una solución mágica para la despolitización.
El camino hacia la renovación y la independencia
Ante este escenario, una reforma constitucional se ha vuelto una necesidad urgente en Bolivia. El modelo actual ha agotado su credibilidad y es imperativo buscar una solución que restituya la independencia y la confianza en la justicia. Esta reforma debe apuntar a una renovación completa del sistema de designación, permitiendo la participación de todos los abogados con la preparación y experiencia necesarias, incluidos los que actualmente están en funciones. Es fundamental que el proceso de selección se base en el mérito, la transparencia y la trayectoria profesional, sin exclusiones ni vetos políticos. También hay que considerar cómo replantear el funcionamiento tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo de Justicia y, en el caso del Consejo de la Magistratura, darle un nivel de dependencia que se adecúe a la realidad.
Propuestas como la creación de un consejo independiente que supervise el proceso, la participación de los colegios de abogados, la academia y la sociedad civil, y la implementación de exámenes rigurosos de competencia, se presentan como alternativas viables. Solo así se podrá garantizar que los magistrados sean elegidos por sus capacidades y no por su cercanía al poder, fortaleciendo el Estado de derecho y la credibilidad de una justicia que, por casi dos décadas, ha operado bajo una sombra de ilegitimidad.