El Estado boliviano no asistió a la reunión regional preparatoria para la Conferencia de las Partes (COP6) del Convenio de Minamata, que es el principal foro de diálogo sobre el mercurio, informó el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Oscar Campanini. Cuestionó la ausencia de las autoridades.
La reunión preparatoria regional del GRULAC para América Latina y el Caribe se realizó en Santiago de Chile, la pasada semana de cara a la COP-6 que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, en noviembre de este año. En el evento se analiza la situación en torno al mercurio, metal pesado que se usa en la explotación de oro.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Aquí vienen representantes de cada uno de los Estados a analizar lo que se va a tratar en noviembre y empezar a preparar las decisiones que se van a asumir. Para empezar, creo que es importante hacer notar la ausencia de Bolivia. Bolivia no ha estado presente en esta reunión preparatoria. Lo cual me parece realmente preocupante”, dijo.
El resto de los países que participaron tenían representación de los gobiernos, “sí, hasta donde yo tengo conocimiento fue el único país que no tenía representación”.
En la reunión se abordaron diferentes temas que son parte de una discusión que se inició hace mucho tiempo, por ejemplo el control y la trazabilidad del mercurio, es decir el transporte y comercio de esa sustancia en todo el mundo.
Hasta el 2023, Bolivia ha sido el centro de exportación ilegal de mercurio a gran parte del continente, pero desde el año pasado es uno de los países protagonistas del contrabando ilegal del mercurio. Actividad “vinculada a carteles del narcotráfico en México”.
Otro tema que se discutió fue sobre los planes de acción nacional, para que cada Estado organice sus acciones para atender y disminuir o -en lo posible- eliminar el uso del mercurio en la minería del oro.
También se abordó los mecanismos que aseguran y facilitan la participación de las comunidades, afectadas por el mercurio, en la construcción, seguimiento y revisión de los planes de acción nacional.
“Bolivia igual se aplazó por completo porque no elaboró (el plan con las comunidades), se hizo solamente con los mineros y no hay participación alguna de comunidades afectadas”, sostuvo Campanini a la ANF.
Precisó que la participación de las comunidades afectadas por el mercurio no solo es en el diseño del plan, sino en toda la discusión de los alcances del Convenio de Minamata. “Los estados tienen que garantizar una participación de pueblos indígenas”, sin embargo “el gobierno de Bolivia que se hace llamar plurinacional, no ha estado presente”.
Cree que puede ser debido al cambio de gobierno que se aproxima, a la escasez de divisas norteamericanas, pero más allá de las razones coyunturales asegura que se debe a la “falta de interés de parte del Estado boliviano” para resolver el problema en el uso del mercurio.
“No ha asumido el problema, las vulneraciones que implica el mercurio y las obligaciones que el Estado tiene en términos de velar por la salud, velar por la vida, velar por los múltiples derechos que tienen, no solamente por los indígenas, sino por el conjunto los bolivianos”, sostuvo el investigador y director del Cedib.
En las reuniones de los Estados la sociedad civil solo tiene un rol de observador, pero no tiene voz ni capacidad para tomar decisiones. “Como sociedad civil no tenemos posibilidad alguna en estas reuniones para poder tomar cualquier tipo de decisión”.
Campanini observó que el país no tenga acciones suficientes para reducir o eliminar el mercurio lo que demuestra la irresponsabilidad a nivel internacional. “Se ve al país como que no le interesa su población, sino como un país que realmente genera un perjuicio en el conjunto de la región. El el caso del mercurio es el gran ejemplo en ese sentido”.
Las organizaciones de los pueblos indígenas han denunciado que el Gobierno las ha excluido del proceso de discusión y diseño del plan que continua en fase de elaboración y que ha vencido el plazo para su presentación. El transporte del mercurio y su venta en Bolivia no tiene ningún control ni fiscalización. Se usa en la explotación del oro, una actividad que ha crecido significativamente en el país.
/NVG/
Fuente: ANF