La estatal asegura que su filial en Paraguay ahorró $us 300 millones y generó utilidades por $us 60 millones, pero informes legislativos y denuncias de sobreprecio mantienen abierto el debate sobre su legalidad y transparencia.
Fuente: El Deber
El gerente de asuntos legales de YPFB, Eduardo Saucedo, defendió a la subsidiaria Botrading y afirmó que su creación permitió un ahorro superior a 300 millones de dólares al Estado boliviano en la importación de combustibles, además de generar utilidades por 60 millones de dólares en menos de dos años de operaciones.
En entrevista con el programa Los Hechos Cuentan de Bolivia TV, Saucedo sostuvo que Botrading rompió el monopolio que dos traders internacionales ejercieron durante más de una década en la provisión de diésel y gasolina al país. Según dijo, la competencia obligó a reducir precios en las licitaciones y aseguró que las utilidades obtenidas retornarán a Bolivia.
“El beneficio más importante es que se rompió un monopolio. Antes dos traders manejaban más del 70 % de las adjudicaciones; ahora, con la presencia de Boatrading, están obligados a bajar sus precios. Solo en la diferencia de ofertas, el ahorro para Bolivia se calcula en 300 millones de dólares”, afirmó Saucedo.
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No obstante, el caso está lejos de cerrarse. La Cámara de Diputados aprobó un informe sobre Botrading y lo remitió a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía, con el fin de establecer si existieron irregularidades en las operaciones y contratos.
A esto se suman denuncias de legisladores opositores, que cuestionan que la representante legal de la firma, Sandra Otazú, haya firmado documentos como ejecutiva de Botrading y al mismo tiempo como apoderada de un bufete contratado por la misma empresa, lo que consideran un posible conflicto de interés. Saucedo respondió que esa doble representación es legal en el marco normativo paraguayo y boliviano.
Sobre el informe de la Cámara de Diputados que fue remitido a la Fiscalía para investigar supuestos sobreprecios en la compra de combustibles, el ejecutivo recalcó que la comisión legislativa —integrada por oficialistas y opositores— concluyó que no hubo irregularidades.
“La instancia competente es la Contraloría. Lo que existe ahora es una doble investigación, administrativa y penal, lo cual vulnera el principio de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho”, cuestionó.