El informe muestra que antes de ingresar a prisión, el 89% de los jóvenes trabajaba, pero la mayoría lo hacía en el sector informal, sin estabilidad ni derechos laborales. Más del 70% vivía por debajo del salario mínimo nacional y uno de cada cuatro sobrevivía con menos de mil bolivianos al mes.
Fuente: ANF / La Paz
La situación socioeconómica de los jóvenes privados de libertad en Bolivia se encuentra marcada por una precariedad que no sólo antecede al encierro, sino que se profundiza dentro de los recintos penitenciarios. Así lo revela el “Diagnóstico nacional de población juvenil privada de libertad”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo.
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El informe muestra que antes de ingresar a prisión, el 89% de los jóvenes trabajaba, pero la mayoría lo hacía en el sector informal, sin estabilidad ni derechos laborales. Más del 70% vivía por debajo del salario mínimo nacional y uno de cada cuatro sobrevivía con menos de mil bolivianos al mes.
En el ámbito educativo, aunque el 53% estudiaba antes de su detención, la mayoría solo alcanzó la secundaria y un 15% apenas concluyó la primaria. Muchos abandonaron los estudios para trabajar o hacerse cargo de familiares enfermos. Esta trayectoria truncada reflejaba ya un contexto de exclusión que luego se agudiza en la cárcel.
Dentro de los recintos penitenciarios, el acceso a la educación se enfrenta a múltiples obstáculos. El 57% de los jóvenes encuestados manifestó no estar conforme con la oferta educativa disponible, citando deficiencias de infraestructura, escasez de materiales, poca variedad de programas y falta de conexión con sus intereses y necesidades.
El diagnóstico también subraya que el derecho a la educación, aunque reconocido por la Constitución y diversas normas nacionales, se cumple de manera meramente formal. Las aulas son insuficientes, el equipamiento escaso y muchas veces los propios jóvenes deben autogestionar los materiales escolares, contradiciendo el principio de gratuidad.
En cuanto al trabajo, el panorama no es más alentador. El 68,7% de los jóvenes declaró realizar alguna actividad laboral dentro de los penales, pero estas experiencias se caracterizan por la improvisación y la falta de apoyo institucional. Oficios como carpintería, costura o cocina se desarrollan sin certificación, sin garantías laborales y sin sostenibilidad, reproduciendo la informalidad que ya los afectaba en libertad.
El ingreso económico obtenido en prisión resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. A ello se suma la precariedad del prediario —el monto diario asignado por el Estado para la alimentación que es de Bs 8—, que no alcanza ni para una comida, y cuya entrega presenta retrasos constantes. En este contexto, los jóvenes dependen casi por completo del apoyo familiar o de trabajos internos mal remunerados.
El 88% de los encuestados manifestó insatisfacción con las oportunidades laborales en los penales. Muchos consideran que estas no son constantes ni adecuadas, y que carecen de un enfoque real de reinserción. La ausencia de políticas públicas estructuradas en esta materia se traduce en una responsabilidad delegada, de facto, a la autogestión de los propios privados de libertad.
La Defensoría advierte que esta precarización laboral y educativa durante el encierro no solo vulnera derechos fundamentales, sino que amplifica el riesgo de reincidencia. Al no fortalecerse capacidades reales ni garantizarse rutas de reintegración, los jóvenes egresan del sistema penitenciario con menos herramientas que cuando ingresaron.
Pese a ello, el informe recoge testimonios de jóvenes que mantienen esperanzas en la formación recibida. El 94% aseguró tener planes a futuro, principalmente relacionados con estudiar o trabajar de manera formal tras recuperar la libertad.
Sin embargo, el diagnóstico concluye que mientras la educación y el trabajo sigan siendo marginales dentro de las cárceles, el sistema penitenciario continuará reproduciendo las mismas condiciones de exclusión social que lo alimentan.
La precariedad que antecede al delito, subraya la Defensoría del Pueblo, se perpetúa tras los muros carcelarios, negando a miles de jóvenes bolivianos la oportunidad real de rehacer sus vidas.