Al menos el 73,9% de las bocaminas del Cerro Rico de Potosí migraron o fueron sido abandonadas, como parte de las acciones de preservación de esa cumbre. De esta manera se espera frenar los hundimientos de la cima.
“El 73,9% de las bocaminas han sido ya migrados o abandonados, mientras que un número, no menos importante, se encuentra en proceso de transición hacia su cierre definitivo”, explicó el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Allen Marcelo Ballesteros.
Este avance es considerado como “un hecho fundamental” en la protección y mitigación de riesgos para salvaguardar la estabilidad del cerro, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El impacto más alarmante de la explotación histórica y actual de la cumbre es la aparición de hundimientos. Los informes más recientes cuentan 148 hundimientos, categorizados según su área.
Si bien la mayoría de los hundimientos son de tamaño pequeño y muy pequeño, los de “consideración” representan el mayor volumen de material desplazado. Por eso se los dividió en áreas de alto, moderado y bajo riesgo.
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Frente a este hecho se activó un marco institucional y legal para coordinar los esfuerzos de preservación, comenzando con el Decreto Supremo (DS) 27787. Posteriormente, la iniciativa fue fortalecida con la creación del Comité Institucional para la preservación del Cerro Rico.
Este comité está conformado por la Gobernación, la Alcaldía de Potosí, el Ministerio de Minería (a través de Comibol), el Comité Cívico de Potosí, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, la Universidad Autónoma Tomás Frías y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
Dicho comité impulsó trabajos técnicos fundamentales como los estudios fotogramétricos y la mensura interior de mina, llevados adelante por el Ministerio de Minería y la Comibol, como parte de la intervención del Estado en este pilar de la historia y economía de Bolivia.