Santa Cruz. En medio de la disputa por la nueva directiva, Alberti afirmó que un amparo respalda a Comunidad Autonómica como bloque mayoritario. Además, señaló que el nuevo secretario del Concejo es hijo del alcalde Jhonny Fernández, a quien se acusa de tener intereses económicos por la aprobación de un crédito.
Fuente: eldeber.com.bo
El concejal José Antonio Alberti, vicepresidente y presidente en ejercicio del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, denunció este miércoles, en EL DEBER, que los concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) intentaron conformar una directiva paralela, acción que calificó como “un show” sin ningún respaldo jurídico.
El concejal aseguró que durante la sesión se produjeron empujones y agresiones, responsabilizando a las concejalas Eunice Rivero y Gabriela Garzón, además de señalar al hijo del alcalde de la capital cruceña, Miguel Fernández, como protagonista de incidentes con el concejal Marcelo Vidaurre y personal técnico del Concejo.
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«Entonces se ve claro, por las imágenes, quién empujaba y quién insultaba. Entonces, las agresiones venían de un lado. Nosotros (la oposición), sinceramente, nos sentamos y dijimos: cálmense, ustedes están haciendo algo ilegal”, afirmó Alberti en entrevista con EL DEBER.
¿Qué originó este conflicto?
El concejal José Antonio Alberti afirmó que la crisis en el Concejo Municipal comenzó tras la elección de la directiva el 4 de mayo, cuando UCS presentó un amparo para desconocerla.
“La Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia determinó que la directiva era legal (…) Nos venían violando nuestro derecho hace cuatro años y medio, y resulta que, una sala de garantías nos sorprende y nos dice que el bloque de mayoría es de Comunidad Autonómica» señaló.
Alberti sostuvo que la certificación emitida por el tribunal confirma esa mayoría y acusó a la bancada de UCS de intentar desconocerla, con apoyo de dos concejales ligados a Evo Morales.
El viernes 5 de septiembre, las bancadas de UCS y el MAS sorprendieron al Concejo Municipal al conformar una nueva directiva, eligiendo a la concejal Gabriela Garzón como presidenta con el respaldo de ambos bloques. La bancada de Demócratas y Comunidad Autonómica rechazó la designación y denunció que se trató de un intento de “toma violenta” del Concejo.
Disputas entre el Concejo y la Alcaldía
Según Alberti, la intención de UCS de controlar la directiva responde a la necesidad de viabilizar cuatro créditos solicitados por el alcalde Jhonny Fernández (líder de UCS), que suman alrededor de Bs 600 millones.
“Johnny Fernández se ha endeudado con Bs 1.600 millones. Pero, además de eso, ha manejado un presupuesto, no solamente se ha endeudado. (Manejó) recursos propios, recursos de coparticipación, IDH, en cinco años que va de alcalde, ha manejado casi Bs 25 mil millones. Yo le pregunto, ¿la ciudad está hermosa? No se ve. Al contrario, destruyó lo que construyó Percy Fernández. Y eso está claro. Yo no le puedo mentir, lo dice el ciudadano», indicó.
El concejal también rechazó las acusaciones sobre supuestos manejos administrativos irregulares en el Concejo, aclarando que la administración depende de un secretario designado desde la anterior gestión (de la concejal Mucárcel de la bancada de UCS) y que los desembolsos los realiza el Ejecutivo municipal.
«Yo no he cambiado nada en lo administrativo. Voy dos meses y algo. Róger Serrate (Secretario Municipal de Administración y Finanzas) es el dueño de la plata del Concejo Municipal y él tiene que hacer un clip una vez que cumplimos el procedimiento para hacer los pagos», explicó.
Alberti calificó a la bancada de UCS como un “clan familiar”, señalando que la concejal Andrea Negrete es hija de Luciano Negrete, vocero de UCS y hombre de confianza del alcalde; mientras que, el concejal Miguel Fernández, recientemente posesionado como secretario del Concejo Municipal, es hijo del alcalde Jhonny Fernández.
Trabajo del Concejo Municipal
El concejal Alberti afirmó que, pese a los conflictos, el Concejo municipal avanzó en sus sesiones. Entre los acuerdos destacan Bs 92 millones para el Sistema Único de Salud (SUS), 35 millones de euros para proyectos de alcantarillado y la cesión de un terreno para que la Policía construya un polideportivo. También se aprobó el “perdonazo” tributario y cuatro nuevas leyes municipales.
Alberti explicó que el Plan Operativo Anual (POA) debe pasar por el Concejo para garantizar transparencia y permitir que los vecinos verifiquen la ejecución de obras en sus distritos. Criticó que el alcalde busque aprobar el presupuesto por decreto y subrayó que la discusión en el Concejo es fundamental para la planificación de salud, educación y seguridad.
El concejal también cuestionó la falta de asistencia de los miembros de UCS a las comisiones de trabajo. Sobre el vocero municipal, Bernardo Montenegro, señaló que este funcionario enfrenta denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría por, supuestamente, ocupar el cargo sin título profesional.