La corrupción en Bolivia no es un problema de “manzanas podridas”, es una patología estructural, un cáncer que ha invadido las instituciones del Estado y socava el desarrollo del país. Un reciente informe profundiza en este fenómeno, diagnosticando su naturaleza sistémica y sus profundas raíces institucionales. El análisis conceptualiza la corrupción no solo como un acto ilícito individual, sino como un abuso generalizado del poder público para beneficio particular. Esta realidad se refleja de manera contundente en los datos del Índice de Estado de Derecho (WJP) 2024, que sitúa a Bolivia entre los países con los más bajos estándares globales en materia de ausencia de corrupción y justicia.
Un marco legal robusto, pero un sistema fallido
A pesar de la existencia de un marco normativo robusto, ejemplificado por la Ley N° 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, la aplicación práctica de estas disposiciones muestra una notable desconexión, llevando a una percepción generalizada de impunidad. La ley, promulgada en 2010, fue concebida como el pilar de la política anticorrupción del Estado. Entre sus principales logros se destaca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que causan un “grave daño económico al Estado” y la eliminación de la inmunidad, fuero o privilegio para cualquier autoridad o servidor público. En teoría, esta es una de las normativas anticorrupción más avanzadas y ambiciosas de la región. Sin embargo, en la práctica, los resultados son lo opuesto.
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La Ley N° 004 estableció nuevos delitos y endureció las penas para aquellos ya existentes, como el peculado, la concusión, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, la pena por peculado fue agravada de tres a ocho años a cinco a diez años de privación de libertad, y la de cohecho pasó de dos a seis a tres a ocho años de reclusión. A pesar de estas sanciones más severas, la brecha entre este robusto marco legal y la realidad de la impunidad en casos de alto perfil es un hallazgo central del informe. El problema no es la ausencia de una ley, sino la falta de voluntad o capacidad política para aplicarla de manera imparcial. Los juicios por corrupción a menudo se paralizan o los acusados terminan en libertad, mientras que el sistema judicial parece centrarse en perseguir a adversarios políticos o a figuras de menor rango.
Un país entre los más corruptos del mundo
La fragilidad de las instituciones bolivianas es corroborada por los datos de mediciones internacionales. El Índice de Estado de Derecho (WJP) 2024 proporciona una evaluación cruda y objetiva de la situación de Bolivia. En el puntaje global, el país obtuvo una calificación de 0.13 sobre 1.0, lo que lo ubica en el puesto 131 de 142 países analizados a nivel mundial. Esta puntuación es significativamente inferior a la media regional (0.52) y global (0.55), y lo sitúa en el último lugar de su grupo regional y en el antepenúltimo entre países de ingresos medios bajos.
El desempeño deficiente de Bolivia se explica por su bajísimo puntaje en el subfactor «Ausencia de Corrupción», donde obtuvo un alarmante 0.08, colocándose en el puesto 50 de 51 países a nivel global. Un puntaje tan bajo no es casualidad; el análisis de la cadena de factores dentro del WJP revela un problema institucional interconectado. Los puntajes de Bolivia en «Restricciones al Poder Gubernamental» (0,13), «Justicia Civil» (0,11) y «Justicia Penal» (0,07) son igualmente bajos, reflejando una disfuncionalidad sistémica del Estado. La falta de contrapesos sólidos, como la independencia judicial o la fiscalización efectiva del legislativo, crea un entorno donde la corrupción puede florecer impunemente. La ineficacia del sistema judicial para investigar, procesar y sancionar a los responsables de actos de corrupción crea un ambiente de impunidad que se convierte en un catalizador para una mayor corrupción.
El alto costo de un flagelo sistémico
El costo económico de la corrupción es monumental, con estimaciones que varían entre 800 y 3.000 millones de dólares anuales, lo que representa hasta un 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta pérdida no solo merma los recursos públicos, sino que también ahuyenta la inversión y distorsiona el mercado, frenando el desarrollo sostenible.
Más allá de los números impactantes, la corrupción tiene efectos tangibles y perjudiciales que debilitan la economía y el tejido social. La corrupción eleva el precio de los servicios públicos y genera una competencia desleal, favoreciendo a empresas que operan con sobornos. También reduce los ingresos del Estado por la evasión de impuestos o el desvío de fondos, lo que conduce a un mayor déficit fiscal. Desde una perspectiva social, la corrupción deteriora la moral pública y la confianza de la ciudadanía en las autoridades, incitando a un ciclo vicioso de deshonestidad. Como afirma el informe, la corrupción es un “cáncer social” que impide a Bolivia salir del atraso y la injusticia.
Casos emblemáticos, un patrón de impunidad
El análisis de casos emblemáticos bajo los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce demuestra un patrón transversal de acusación de corrupción en la gestión pública, con una recurrente instrumentalización del sistema judicial para la persecución de adversarios políticos. En lugar de una justicia independiente, se observa un ciclo de señalamientos que rara vez culminan en condenas firmes.
Durante el Gobierno de Evo Morales, el caso del FONDIOC (Fondo Indígena) fue uno de los más notorios, con el desfalco de Bs 692 millones. El principal denunciante, Marco Antonio Aramayo, fue encarcelado y falleció en prisión, mientras que la exministra Nemesia Achacollo, tras un período en la cárcel, obtuvo libertad y el proceso judicial quedó “estancado en la Fiscalía”. Otro caso relevante fue el de YPFB, donde se denunciaron sobreprecios en la importación de combustibles, pero una comisión del Senado, de mayoría opositora, liberó de responsabilidad política a Morales, ejemplificando el uso de la justicia y los informes políticos para la confrontación entre facciones.
En el Gobierno de Jeanine Añez, el escándalo de los respiradores españoles fue uno de los más mediáticos. Se denunció un sobreprecio de 3 millones de dólares por equipos que, además, no eran adecuados para las unidades de terapia intensiva. Pese a la gravedad de las acusaciones, los ocho acusados se encuentran en libertad, y el proceso sigue en curso. La propia expresidenta fue acusada formalmente por el nombramiento ilegal de su prima como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
El Gobierno de Luis Arce no ha estado exento de escándalos. El “Narco vuelo” de BOA, con la incautación de 478 kilogramos de cocaína en Madrid, expuso la profunda permeabilidad de las instituciones estatales al narcotráfico. El caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por el cobro de «coimas millonarias» para adjudicar la construcción de una doble vía es otro ejemplo notable. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha diferenciado tres procesos penales, con acusaciones cruzadas, lo que ilustra una vez más la instrumentalización del sistema de justicia en las disputas políticas.
A este estado de cosas se suma que la corrupción también se presenta en Gobernaciones, Alcaldías, Universidades Públicas, otras entidades, hasta clubes deportivos, en fin, sus tentáculos han invadido muchos sectores. Vale decir que tanto el oficialismo como la oposición no están libres de casos de corrupción.
La única salida: saneamiento institucional
Un camino a seguir: despolitizar la justicia y fortalecer la transparencia
El diagnóstico de la corrupción en Bolivia, basado en el análisis de datos, leyes y casos reales, lleva a conclusiones inequívocas. El fenómeno es sistémico y no puede atribuirse a la moral de un solo individuo o partido político. Los casos emblemáticos demuestran que la patología sistémica del Estado afecta a todas las gestiones. El problema no es la identidad del gobernante, sino la debilidad de las instituciones que deben fiscalizarlo y sancionar los actos ilícitos.
Para que la lucha contra la corrupción en Bolivia sea efectiva, las políticas públicas deben ir más allá de la simple promulgación de leyes y enfocarse en reformas estructurales. Es imperativo despolitizar el sistema de justicia y garantizar su independencia real. La selección de jueces y fiscales debe basarse en méritos y no en afinidades políticas, asegurando que el poder judicial actúe como un contrapeso efectivo al poder ejecutivo y legislativo.
Además, se debe fortalecer a las instituciones de control, como la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público, dándoles autonomía y recursos para que puedan llevar a cabo investigaciones sin injerencia política. También es crucial promover la transparencia y el control social, fortaleciendo a la sociedad civil, los medios de comunicación y el periodismo de investigación.
La corrupción ha demostrado ser un fenómeno trans partidario que ha impedido que Bolivia alcance su potencial de desarrollo. Un enfoque que aborde la corrupción de forma sistémica, en lugar de reactiva o políticamente motivada, es la única vía para romper el ciclo de ineficacia e impunidad que ha definido este problema durante décadas.