El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, señaló que su organización política solicitó información a la Dirección General de Migración si emitió la alerta migratoria, con datos enviados por la Contraloría General del Estado (CGE) y en aplicación de la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado, quienes cesarán sus funciones el 8 de noviembre, pero que deben permanecer en el país para rendir cuentas por sus actos y las responsabilidades de la cosa pública.
Fuente: Prensa Creemos
“En cumplimiento de nuestros deberes de fiscalización, cuidar el patrimonio de los bolivianos y la transparencia, con anticipación pedimos a la Contraloría General del Estado que aplique la Ley 1352, de remitir la lista de las autoridades del Órgano Ejecutivo a la Dirección General de Migración para la respectiva alerta migratoria porque en semanas más cumplirán y cesarán en sus funciones y que deben permanecer obligatoriamente en Bolivia por tres meses más para rendir cuenta de sus actos y responsabilidades de la administración de los recursos y los bienes del Estado, tras el despilfarro, el quiebre económico y la grave crisis en la que hundió el MAS a nuestro país”, señaló Montero.
La Contraloría mediante una nota me respondió con evasivas de que “la información respectiva, se ha ido remitiendo de forma periódica (una vez por semana y a la fecha de forma diría en lo posible) al correo institucional, establecido para tal efecto, actualmente comunicación@migración.gob.bo”, haciendo referencia solamente al reporte de 46 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por dejación de cargo, cuando el artículo 3, de la Ley 1352, es específica y identifica a las autoridades desde el Presidente, Vicepresidente, ministros y otras autoridades jerárquicas del Estado que deben permanecer en el país, pero si no cumplen las normas también tendrán que responder, explicó el legislador.
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La solicitud de información enviada a la Dirección General de Migración, a través del Ministerio de Gobierno, enviada el 23 de septiembre, solicita «Informe su autoridad, cuál es la lista de las autoridades que fue remitida a su autoridad por la Contraloría General del Estado (…) si en base a la lista remitida por la Contraloría General del Estado, su autoridad emitió la Alerta Migratoria para la permanencia obligatoria de las autoridades que hicieron dejación del cargo desde el 01/12/2020 fecha en la cual se promulgó dicha Ley, hasta la fecha. Remita los documentos de respaldo que acrediten su respuesta”.
La Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas, aprobada con los 2/3 de los mismos masistas, prevé que las autoridades salientes de sus funciones deben rendir informes en el marco de la transparencia para cuidar los intereses del Estado y evitar la impunidad ante las denuncias de corrupción y desfalcos de los recursos públicos, subrayó Montero.
Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional el “control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones” y “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”, dispone el artículo 158, de la Constitución.
