En el fallo también se declaró rebeldes a Guillermo R. O., expresidente del BCB, quien recibió una condena de cinco años de cárcel, y a Walter Erik G. T., sentenciado a un año de reclusión. En tanto, Carlos Sch. R., Luis Armando P. S., Roger Alejandro B. R., José Gabriel E. Y.z y Erwin Walter M. C. fueron absueltos de responsabilidad penal.
El Procurador General del Estado, Ricardo Condori, informó que el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz dictó este martes sentencia condenatoria contra el exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis P. R., imponiéndole una pena de ocho años de privación de libertad por su participación en la gestión irregular del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La pena se debe cumplir en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz.
«El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos, durante la gestión de Jeanine Añez», sostuvo el Procurador, citado por un boletín de prensa.
De acuerdo con la sentencia, los acusados fueron procesados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, establecido en el artículo 153 del Código Penal; incumplimiento de deberes, en el artículo 154 de la misma norma; contratos lesivos al Estado, señalado en el artículo 221 y conducta económica antieconómica, en el artículo 224.
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En el fallo también se declaró rebeldes a Guillermo R. O., expresidente del BCB, quien recibió una condena de cinco años de cárcel, y a Walter Erik G. T., sentenciado a un año de reclusión. En tanto, Carlos Sch. R., Luis Armando P. S., Roger Alejandro B. R., José Gabriel E. Y.z y Erwin Walter M. C. fueron absueltos de responsabilidad penal.
Según la acusación, el 10 de abril de 2020, el exministro y el expresidente del ente emisor firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG (aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses), bajo el argumento de atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Posteriormente, el 20 de abril de ese mismo año, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el MEFP y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa, contraviniendo el marco legal vigente, señala la Procuraduría.