El crimen organizado ha logrado penetrar en estructuras estatales como aduanas, policía y justicia, así como en sectores de la sociedad civil, aseveró la exautoridad.
Fuente: ANF
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Bolivia ha transitado de ser un país de paso de drogas a un nodo clave en redes internacionales de narcotráfico, aseguró Carlos Romero, exministro de Gobierno durante la administración de Evo Morales. Según Romero, esta transformación refleja la evolución histórica del narcotráfico en el país y su cambio de rol en la dinámica regional e internacional.
Romero divide la historia del narcotráfico en Bolivia en varias etapas. Durante la década de 1980, el país estaba fuertemente vinculado con los grandes cárteles colombianos, como los de Medellín y Cali.
“La presencia de los colombianos era muy fuerte, con factorías instaladas especialmente en el Beni, y tenían conexiones políticas que penetraron incluso el sistema político”, explicó el exministro a ANF.
El escándalo de Huanchaca, sobre una megafábrica de cocaína en 1986, evidenció la penetración de estos grupos en la esfera política y judicial boliviana, señaló Romero. En aquel entonces, Bolivia funcionaba principalmente como territorio de producción y abastecimiento de droga para los mercados internacionales, particularmente hacia Estados Unidos y Europa.
En la década de 1990, los cárteles colombianos cambiaron de estrategia. Dejaron de construir grandes factorías fuera de su territorio y empezaron a producir hoja de coca de manera más discreta. La modernización de sus procedimientos permitió la instalación de centros de cristalización móviles, incluso en zonas urbanas.
Hacia los años 2000, la desarticulación de los cárteles tradicionales en Colombia dio lugar a la fragmentación en pequeños “cartelitos” o bandas criminales, según el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Esta transformación regional amplió los cultivos de coca en Colombia y Perú, mientras que Bolivia representaba apenas el 10% de los cultivos de la región.
Durante este período, Bolivia comenzó a desempeñar un papel de país de tránsito. Su ubicación geoestratégica facilitó el traslado de drogas desde Perú y Colombia hacia Brasil y Europa. “La presión sobre Bolivia bajó temporalmente, pero se consolidó como ruta clave en el comercio ilícito”, señaló Romero.
Brasil emergió como un actor central, no solo como país de tránsito, sino también como consumidor. En ese contexto, las organizaciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho se consolidaron como grandes comercializadores de droga, operando a través de emisarios en Bolivia, Perú y Paraguay.
Romero subrayó que la pandemia de Covid-19 marcó un “parte aguas” en la dinámica del narcotráfico. El confinamiento y la concentración de la fuerza pública en las ciudades debilitaron la capacidad del Estado para controlar territorios estratégicos, situación que fue rápidamente aprovechada por mafias internacionales.
En los últimos años, Bolivia ha sido reclasificada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) como país de producción y comercialización de drogas. Incrementó la violencia y el accionar del crimen organizado, que opera alrededor del narcotráfico y se articula con otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas y de personas.
El tráfico de drogas en Bolivia incluye nuevas modalidades criminales. Entre ellas, dijo Romero, el intercambio de oro ilegal por drogas en la Amazonía compartida con Perú y Brasil, y el contrabando de vehículos indocumentados en la frontera con Chile a cambio de estupefacientes. Además, se registra el ingreso de pasta base desde el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) peruano.
Romero destacó que los centros de cristalización de droga se han instalado en puntos estratégicos como Guayaramerín y Bolpebra, mientras que las rutas de trasiego atraviesan la Chiquitanía, la Amazonía y el Chaco, utilizando vías terrestres, fluviales y aéreas con destino a Brasil, Argentina y Paraguay.
El sicariato se ha multiplicado en el país. Según Romero, en los últimos años se registraron al menos treinta casos, y ciudades como San Matías, en la Chiquitanía, se encuentran entre las más violentas del mundo por la incidencia de estos crímenes.
El crimen organizado ha logrado penetrar en estructuras estatales como aduanas, policía y justicia, así como en sectores de la sociedad civil, aseveró.
“Se observa participación indirecta en actividades económicas, lavado de dinero y hasta el deporte”, alertó la exautoridad.
El exministro advirtió que el narcotráfico articula gran parte de la criminalidad en Bolivia, consolidándose como un problema estructural que requiere atención integral y coordinación regional.
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