Según el proyecto, durante los seis meses de diferimiento, no se podrán ejecutar embargos por créditos de vivienda social y de micro y pequeñas empresas
Fuente: El Deber
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El proyecto de ley de diferimiento de créditos establece al menos tres medidas para los prestatarios de vivienda social y las micro y pequeñas empresas: la suspensión de embargos, el diferimiento de pagos por seis meses y la conservación de las condiciones originales de los préstamos sin cobros adicionales ni intereses extra. La norma no implica condonación de deudas, sino un aplazamiento temporal de las obligaciones.
De acuerdo con el texto del proyecto, durante los seis meses que dure la medida, las entidades financieras no podrán ejecutar embargos ni garantías sobre créditos de vivienda social, ni tampoco ejecutar sentencias judiciales por la mora en el pago de los créditos.
“Quedan suspendidas en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo, así como la ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales que puedan afectar o recaer sobre los bienes objeto de garantía o de titularidad de los demandados o ejecutados”, señala el artículo 2 de la propuesta de ley.
El artículo 5 de la norma es claro al establecer que el diferimiento no implicará anatocismo —es decir, intereses sobre intereses—, ni acumulación de cuotas, tampoco modificaciones en las pólizas de seguros vinculadas a los créditos. Los prestatarios deberán reanudar sus pagos una vez concluido el plazo de gracia, en las mismas condiciones en que fueron pactados originalmente.
Según el análisis del economista Luis Fernando Romero, los beneficios del diferimiento incluyen un alivio temporal a los prestatarios, permitiéndoles reorganizar sus finanzas y mantener sus viviendas o negocios, así como evitar ejecuciones masivas que podrían sobrecargar al sistema judicial. También ofrece un margen de maniobra para que los prestatarios recuperen flujos de caja y continúen cumpliendo con sus obligaciones en el futuro.
Sin embargo, Romero advierte que los riesgos y perjuicios pueden superar los beneficios. Entre ellos, destaca que los diferimientos no solucionan problemas estructurales de liquidez y podrían generar efectos negativos en la economía, como menor disponibilidad de crédito nuevo y distorsiones en la gestión financiera de los bancos. Además, si se aplica de forma generalizada sin criterios claros, podría fomentar una percepción de inseguridad jurídica y aumentar la incertidumbre en el sistema financiero.
“Observamos más elementos desfavorables que ventajosos en la aplicación de esta medida, sobre todo considerando el actual escenario macroeconómico inestable, donde el país más bien requiere mayor inyección de recursos, externos e internos, y menor intervención estatal en actividades privadas como las financieras. Consideramos, que si bien puede tener buenas intenciones este proyecto de ley, la experiencia nos recuerda que los diferimientos de créditos han tenido más efectos negativos que beneficiosos sobre los deudores”, expresó Romero.
Las cifras
Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, la iniciativa podría beneficiar a más de 1,4 millones de prestatarios y que el diferimiento solo representa el 3% del total de créditos otorgados por todo el sistema financiero nacional.
No obstante, la autoridad aclaró que los prestatarios deben realizar un solicitud expresa para acogerse al diferimiento. “No es obligatorio que todos entren al diferimiento, porque hay quienes quieren tener un historial intacto. Lo harán quienes estén en una situación compleja y apremiante, es una ayuda focalizada y temporal”, remarcó.
Montenegro aclaró que el diferimiento de créditos no afectará los intereses que reciben los ahorristas, porque estos están garantizados por la TRe, que es la tasa promedio que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo de 90 a 180 días, y que está regulada por el Banco Central.
Según el último reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el crédito para vivienda de interés social registró una contracción interanual del 3,7% al 31 de agosto de 2025, alcanzando los 30.400 millones de bolivianos frente a los 31.578 millones de un año antes. Es la primera caída registrada en más de una década.
En contraste, los créditos al sector productivo mantuvieron su dinamismo y crecieron de 102.771 millones en agosto de 2024 a 109.335 millones en agosto de este año.
Fuente: El Deber