Este viernes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de diferimiento de créditos que suspende temporalmente los embargos y la ejecución de sentencias por créditos de vivienda social.
Fuente: Unitel
La economista Claudia Pacheco expresó su preocupación por el impacto que tendría la aprobación de la ley de diferimiento de créditos para viviendas sociales y microcréditos, advirtiendo que esta medida dejaría sin flujos de capital a la banca, lo que afectaría gravemente la economía del país y su persepectiva de recuperación para el año 2026.
Expuso que la normativa dejaría sin capital de operación a la banca por aproximadamente $us 2.600.000, lo que afectaría a futuros prestatarios y podría llevar a la quiebra a algunas entidades financieras. Además, aumentaría la deuda diferida de la pandemia, hecha en 2020, que actualmente asciende a $us 784 millones.
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”Este tema es muy preocupante porque el impacto sería dejar sin flujo para operaciones (…) esto dejaría sin capital de operaciones para futuros prestatarios y afectaría mucho el tema económico y esa recuperación que necesitamos como país para encarar el 2026”, señaló.
Pacheco propone que en lugar de aprobar esta medida, se considere una reprogramación de los pagos, que permitiría a la banca mantener un flujo de capital y dar un “respiro a los ciudadanos”, disminuyendo el monto de las cuotas de pago de capital e intereses. De esta manera, los prestatarios podrían seguir aportando y la banca seguir colocando dinero para futuros créditos.
“La mejor vía será aprobar la reprogramación que se puede hacer caso a caso con cada prestatario”, dijo a UNITEL, resaltando que esta sería la mejor opción y no así un diferimiento, normativa que ya fue aprobada en Diputados y que será revisada en la Cámara de Senadores.
La norma fue observada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que alertó de efectos en el sistema financiero. Analistas alertaron que puede comprometer la liquidez.
Según el oficialismo, la norma introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses lo que permitiría a la población reorganizar sus finanzas sin el riesgo de perder sus hogares o cerrar sus negocios.