2.600 millones de dólares en juego
El anteproyecto de Ley 547/2024-2025 plantea el diferimiento automático de seis meses en el pago de créditos de vivienda social y de las micro y pequeñas empresas, así como la suspensión de embargos, remates y ejecuciones. Según el Gobierno, la medida busca aliviar la presión financiera en sectores afectados por la desaceleración económica, factores climáticos y conflictos sociales. Sin embargo, este proyecto genera preocupaciones de fondo por el impacto directo en la estabilidad del sistema financiero y la actividad económica del país.
El antecedente inmediato más importante es el diferimiento aplicado en 2020, cuando se postergaron por diez meses capital e intereses. Esa decisión significó aproximadamente 3.500 millones de dólares en activos improductivos para la banca, de los cuales aún permanecen pendientes de pago alrededor de 784 millones de dólares. El resultado fue una presión prolongada sobre la cartera, una reducción en la capacidad de otorgar nuevos créditos y una afectación sobre la liquidez general del sistema.
En el caso actual, el impacto proyectado ronda los 2.600 millones de dólares, lo que equivale a dos años de crecimiento de la cartera. Si se aplica, se repetiría el mismo efecto adverso: la paralización de recursos productivos, la reducción de la intermediación financiera y, en consecuencia, una disminución de la actividad económica. La consecuencia inevitable sería la contracción de la confianza y un deterioro mayor en la capacidad de inversión y consumo de la población.
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El sistema financiero cumple una función de canalización del ahorro hacia la inversión, lo cual garantiza estabilidad y crecimiento. Un diferimiento generalizado atenta contra ese equilibrio. Lo correcto es aplicar reprogramaciones caso por caso, evaluando la situación real de cada prestatario, en lugar de imponer una medida masiva que no distingue entre quienes pueden pagar y quienes realmente necesitan apoyo. Este mecanismo ya se ha aplicado con éxito en 2025, manteniendo bajo control la mora y sin comprometer la sostenibilidad de las entidades financieras.
La población requiere certidumbre y estabilidad, no medidas coyunturales que generan efectos secundarios más graves que el problema que intentan resolver. Por ello, este tipo de disposiciones debería ser analizado y eventualmente aprobada la REPROGRAMACIÓN por el próximo parlamento, y no por la actual legislatura en su fase final. La urgencia no puede ser excusa para tomar decisiones que comprometen la confianza en el sistema financiero y la estabilidad económica de Bolivia.
En conclusión, el anteproyecto de Ley 547/2024-2025, dice buscar proteger a sectores vulnerables no identificados, lo que representa un riesgo significativo para la estabilidad económica. La alternativa viable es la reprogramación focalizada, que protege al prestatario sin destruir la confianza en el sistema. La certidumbre y la estabilidad deben prevalecer como principios rectores para cualquier decisión en materia financiera.
Claudia Pacheco
Economista