La Cámara de Diputados inició una sesión ordinaria con el anteproyecto de Ley 547/2024 en agenda, que plantea suspender embargos y diferir pagos de créditos por seis meses. El Gobierno asegura que no afectará la estabilidad financiera, mientras la banca advierte riesgos para los ahorristas y el crédito.
Fuente: eldeber.com.bo
La Cámara de Diputados instaló este jueves una sesión ordinaria de la Legislatura del Bicentenario 2024-2025 con el análisis de proyectos considerados prioritarios, entre ellos el anteproyecto de Ley 547/2024, que busca otorgar un alivio temporal a deudores de vivienda social y pequeños prestatarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas defendió la propuesta en un comunicado, señalando que se trata de una medida “temporal, específica y responsable” que «no compromete la estabilidad del sistema financiero». La norma suspende por seis meses embargos y sentencias judiciales contra prestatarios de vivienda social, y difiere el pago de cuotas en ese mismo plazo también para micro y pequeños prestatarios.
Objeciones del sector financiero
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) expresaron su profunda preocupación por el proyecto. Según el gremio, un diferimiento automático y obligatorio “comprometería la estabilidad del sistema financiero, al afectar la función esencial de canalizar los depósitos de millones de ahorristas hacia la actividad productiva y el consumo de las familias”.
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“Una disposición como esta forzaría una inevitable restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables, en un momento de crítica situación económica”, advirtió Asoban en un comunicado.
Las asociaciones recordaron que, bajo la normativa vigente, las entidades ya pueden atender de manera individual los casos de prestatarios con dificultades a través de mecanismos de refinanciamiento y reprogramación de deudas, lo que consideran más adecuado que una medida generalizada.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio subrayó que el impacto del diferimiento no superaría el 3% de la cartera total. Como antecedente, recordó que en 2020 el diferimiento alcanzó el 10,4% y que, a julio de 2025, se redujo al 1,4%, lo que a su juicio refleja una “sólida cultura de pago”.
Además, destacó que las entidades financieras cerraron 2024 con utilidades récord de más de 389 millones de dólares, lo que les permitiría afrontar la medida sin riesgos para su solvencia.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa responde a los efectos de bloqueos, fenómenos climáticos y conflictos sociales, y la presenta como una acción que protege la vivienda de miles de familias y la continuidad de micro y pequeñas unidades productivas, consideradas motor de la economía.
El debate legislativo recién comienza en la Cámara de Diputados, con un escenario de posiciones enfrentadas entre quienes ven en la ley un alivio necesario para los prestatarios y quienes alertan sobre sus efectos en el sistema financiero.