El patrimonio del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), como las principales fuentes de financiamiento para el pago de la Renta Dignidad, disminuyó (2019-2024), por lo que expertos advierten la insostenibilidad financiera para aumentar el monto del beneficio a corto plazo, ya que esto generaría un mayor déficit fiscal para el Tesoro General de la Nación (TGN).
El candidato a la Vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, propuso subir esa renta mensual de 350 a dos mil bolivianos, aunque tras varias críticas dijo que subiría primero a 500, una vez que llegue al G0bierno. El domingo, José Gabriel Espinoza, actual miembro del equipo económico del candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, binomio de Lara, descartó este incremento del beneficio en el corto plazo, porque primero se debe estabilizar la economía.
Para la realización de esta nota, Visión 360 envió un cuestionario a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo el viernes 29 de agosto, pero no recibió respuesta.
Entre las consultas que se hizo a la Gestora, está el detalle de la forma en que se financian los pagos del beneficio, la sostenibilidad financiera hacia el futuro, si consideran que se necesita realizar nuevos estudios o buscar nuevas fuentes de financiamiento.
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El patrimonio del FRUV, al 31 de diciembre de 2024, cerró con 932.405.606,72 bolivianos, según la Memoria Institucional 2024 de la Gestora, publicada el 26 de junio de este año. El monto es superior a los 631.949.187,76 bolivianos de 2023.
Sin embargo, en 2019 el patrimonio ascendía a 5.687 millones de bolivianos; en 2020 comenzó a disminuir a 3.856,4; en 2021, a 1.307,9, y en 2022 llegó a 257,9 millones.
El patrimonio del FRUV está conformado por desembolsos del TGN provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), rendimientos de empresas capitalizadas, recursos de empresas del Estado, recursos por la venta de servicios de Entel, de la Autoridad de Regulación en Transportes y Telecomunicaciones (ATT).
Para la gestión 2024, conforme a la Ley 1493 de 2022, se dispuso que las empresas eléctricas del Sistema Interconectado Nacional de transmisión deben transferir mensualmente al TGN, para el financiamiento del FRUV, el 5% de los recursos percibidos por la venta de sus servicios de transmisión.
La Renta Dignidad se financia con el 30% del IDH que perciben gobernaciones, alcaldías, TGN y Fondo Indígena, dividendos de empresas capitalizadas; 10% de los ingresos de Entel; 4% de lo recaudado por la ATT; 5% de los ingresos de empresas eléctricas por servicios de transmisión.
Recursos
El estado de variación patrimonial del FRUV 2024 revela que los aportes del TGN-IDH disminuyeron de 1.333,5 millones de bolivianos en 2023 a 1.051 millones, en 2024.
El aporte de las empresas capitalizadas bajó de 565 a 375 millones de bolivianos entre los años 2023 y 2024.
Los recursos por venta de servicios de Entel subieron de 236,2 a 241 millones de bolivianos, en las mismas gestiones; y de la ATT se mantuvieron en 23 millones.
Pagos de la Renta
Según datos publicados por la Gestora, en 2008, cuando se comenzó a dar la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años, el número de beneficiarios era de 752.338 personas y los pagos demandaron un gasto de 1.616 millones de bolivianos.
En 2024, quienes percibían la renta eran 1,2 millones de personas y se tuvo que erogar 5.288 millones de bolivianos.
A julio de este año, los beneficiarios se mantienen en 1,2 millones y el pago demandó 2.787 millones de bolivianos.
¿Cómo se cubre el pago?
Según el balance sobre el estado de variación patrimonial del FRUV 2024, incluido en la Memoria Institucional de la Gestora, aparece una partida denominada “Otros aumentos” por un valor de 4.020 millones de bolivianos, que fue de 3.452 millones de 2023. Sin embargo, no se aclara de dónde provienen estos recursos.
Para 2021 esta partida solo llegaba a 341,7 millones de bolivianos.
Alberto Bonadona, analista en pensiones, opinó que ante la caída de ingresos del IDH y otras fuentes, ahora los fondos más importantes para financiar la Renta Dignidad provienen del TGN y eso explica el origen de esa partida “Otros aumentos”.
“Lo que no se quiere mostrar en forma directa es que esa fuente es del TGN y este gasto tiene un fuerte peso en el déficit fiscal”, observó Bonadona.
Para el economista, elevar la Renta Dignidad a dos mil bolivianos es insostenible desde el punto de vista financiero, porque significaría aumentar el respaldo del TGN de 4.020 a 24 mil millones de bolivianos. “Mantener como está, incluso con el aporte del TGN, es sostenible en la medida que el Estado quiera seguir gastando, pero no hay otra forma, a no ser que las empresas capitalizadas sean rentables, ya que el IDH dejó de ser la principal fuente”, remarcó.
El economista Julio Linares, especializado en descentralización, en su libro Cómo la plata del gas se hizo gas, da cuenta que los recursos de este fondo permitieron financiar a los beneficiarios de la Renta Dignidad desde 2008 hasta 2015.
Pero advirtió que, desde 2016, el FRUV, que permite financiar el pago de un número creciente de personas beneficiadas con este bono social, es insuficiente y el Gobierno ha tenido que recurrir a diversas fuentes de financiamiento.
Linares observó que las fuentes principales para el financiamiento del FRUV y el pago de este beneficio social, que son el IDH, recursos de empresas capitalizadas, aportes de la ATT y sector eléctrico de transmisión, ya no son suficientes para cancelar la renta. “Como las fuentes principales ya no son suficientes, en los balances del FRUV 2024, aparece esta partida, Otros aumentos, de 4.020 millones de bolivianos, que no se aclara de dónde provienen, pero que en realidad son recursos del TGN para subsidiar la Renta Dignidad”, sostuvo.
Según Linares, se estima que el déficit fiscal en 2024 fue de 10,3%, es decir 32.929 millones de bolivianos. “Estos 4.020 millones de subsidio del TGN estarían representando 1,2% del déficit fiscal; es decir que la Renta Dignidad ya impacta en el déficit del Estado”, manifestó.
Aumentar la Renta
Sobre la propuesta del PDC, el analista alertó que, si se incrementa el beneficio a dos mil bolivianos, este “subsidio del TGN” tendría que aumentar de 4.020 millones a 28 mil millones de bolivianos, es decir, el déficit provocado solo por la Renta Dignidad subiría de 1,2% a 10%.
Según el Ministerio de Economía, desde su creación, la cantidad de beneficiarios y el presupuesto destinado a la Renta Dignidad han crecido de manera sostenida. En 2008, el bono alcanzó a 752.338 personas, con un presupuesto de 1.615 millones de bolivianos. En 2023, los beneficiarios sumaron 1.209.316 y el presupuesto ascendió a 5.060 millones. Para 2025, se proyecta el pago a 1.296.543 beneficiarios con un presupuesto de 5.529 millones de bolivianos.
Actualmente, este beneficio consiste en el pago mensual de 350 bolivianos para quienes no contribuyeron al sistema de pensiones y de 300 bolivianos para quienes sí aportaron. El 80% de los beneficiarios pertenece al primer grupo.
El economista Fernando Romero explicó que si se sube la Renta de 350 a dos mil bolivianos a los “no rentistas” y de 300 a mil para los “rentistas”, en el primer caso, esto significaría un beneficio anual de 26 mil bolivianos y para el segundo de 13 mil bolivianos (incluyen aguinaldos), con un crecimiento del 471% y 233% respecto a los montos anuales actuales o vigentes.
Se estima que este año los “rentistas” son 272.274 y los “no rentistas” 1.024.269 adultos mayores. Por lo tanto, si se pretende dar a los primeros una renta dignidad de mil bolivianos, el costo anual total sería de 3.540 millones de bolivianos, y a los segundos, con una renta de dos mil bolivianos, se tendría que destinar 26.631 millones.
“En total, si se cumple esta promesa electoral, se debe erogar de las arcas estatales un monto estimado en 30.171 millones de bolivianos al año, un incremento del 446% al presupuesto actual, lo que representaría alrededor del 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025”, advirtió Romero.
Agregó que los 30.171 millones de bolivianos que se necesitarían para financiar este bono social, equivalen a casi el 50% de todo el presupuesto 2025 para sueldos y salarios del sector público y es un monto casi similar a lo que se destinará a salud o educación (10% del PGE) o es casi el doble de lo presupuestado este año para la subvención de hidrocarburos.
El economista Gonzalo Chávez, en un análisis de la propuesta del candidato Lara, señaló que si se eliminara la renta vitalicia de expresidentes como se sugiere, se contaría con 160 mil bolivianos, pero insuficientes para incrementar la Renta de los 1.200.000 beneficiarios. Apenas alcanzaría para 97 personas. “Los otros 1.199.903 tendrán que seguir esperando al hada madrina del Tesoro General”, alertó.
El incremento de 1.650 bolivianos al beneficio vigente por persona significaría casi 1.980 millones de bolivianos extra cada mes. “Ni vendiendo los autos oficiales blindados, ni rifando el Palacio Quemado, y la Casa del Pueblo, ni subastando la medalla presidencial perdida en un lupanar, alcanzaría”, remarcó el analista económico.