La iniciativa deberá pasar por la Corte Constitucional antes de llegar a las urnas
Fuente: infobae.com
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que impulsará una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si desea convocar una Asamblea Constituyente. El mensaje fue difundido la tarde de este miércoles en una publicación en su cuenta de X junto con una carta con membrete de la Presidencia de la República. Según la comunicación oficial, el objetivo es “devolver el poder al pueblo” y sacar al país de un “secuestro institucional”. Según la Presidencia, la propuesta se incorporaría como “una pregunta esencial” en la próxima consulta que el Gobierno proyecte someter a consideración de los electores.
En el texto difundido, Noboa sostiene que “por demasiado tiempo nuestro país ha estado detenido” y que Ecuador “merece liberarse de quienes lo frenan”. El documento afirma que los ecuatorianos “votaron por el cambio” y que ese cambio no puede consolidarse mientras “las reglas actuales” impidan enfrentar al crimen organizado y a “las estructuras políticas” que —en su visión— lo protegen. Según el mensaje presidencial, preguntas anteriores que el Ejecutivo presentó para consulta “fueron negadas” por la Corte Constitucional, hecho que atribuye a “activismo político”, sin identificar a una institución en particular ni detallar fechas.
El anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los mecanismos de reforma del marco constitucional. En Ecuador, cualquier pregunta de referéndum o consulta popular debe pasar por el control previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional y, en caso de ser aprobada, la organización del proceso queda a cargo del Consejo Nacional Electoral. Según la Constitución vigente, existen vías diferenciadas para modificar normas fundamentales (enmiendas, reformas parciales o procedimientos extraordinarios), por lo que la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente —que implicaría rediseñar el ordenamiento— requeriría precisiones jurídicas sobre el alcance de la iniciativa y su compatibilidad con los procedimientos establecidos.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la nueva pregunta del Ejecutivo. EFE/José Jácome
En su carta, el mandatario indica que “no hay espacio para la excusa, solo para la acción” y plantea que la Constituyente permitiría construir “el marco normativo de un nuevo Ecuador”. No obstante, la comunicación no detalla el texto de la pregunta, el calendario previsto, ni si la iniciativa buscaría una asamblea con facultades plenas o limitadas en materias específicas. Aunque en declaraciones anteriores, el presidente Noboa ha indicado que planea la consulta para el 30 de noviembre de este año.
El contenido político del mensaje coloca al Gobierno en una ruta de confrontación discursiva con actores a los que acusa de bloquear cambios. Según el pronunciamiento, “las estructuras” que impiden reformas se han “beneficiado una y otra vez” del statu quo.
La dimensión jurídica también será central. La Corte Constitucional suele pronunciarse sobre la naturaleza de cada consulta y sobre si la vía escogida es la adecuada, en función del alcance de la medida propuesta. En el pasado reciente, el tribunal ha admitido y también ha rechazado preguntas de consulta o referéndum por razones de forma o de fondo. En el caso de Noboa, la Corte rechazó temas clave para el Ejecutivo, en medio de la confrontación abierta del oficialismo contra el tribunal constitucional. Esta pugna ha motivado dos marchas –una en Quito y otra en Guayaquil– encabezadas por el propio Noboa.
Actualmente, la Asamblea de Ecuador cuenta con una mayoría a favor del oficialismo. (Fernando Sandoval / Asamblea Nacional)
Desde el ángulo político, la posibilidad de una Asamblea Constituyente reordena la agenda pública, pues desplaza debates sectoriales hacia la cuestión de reglas del juego: quién diseña la Constitución, con qué límites y para qué objetivos. En principio, un proceso de esta naturaleza podría redefinir la estructura del Estado, el sistema de justicia, el régimen de seguridad, los controles y el modelo económico. Sin embargo, también implica riesgos de paralización institucional y de incertidumbre normativa si no se establecen con claridad los alcances, los tiempos y las salvaguardas de continuidad de servicios y políticas públicas durante la transición.