«Invertir en política»: una amenaza a la democracia
En cada proceso electoral, resulta lamentablemente común observar cómo muchos candidatos no conciben la política como una vocación de servicio, sino como una inversión con expectativas de alta rentabilidad. Lejos de responder a un compromiso genuino con el bien común, su motivación principal es acceder al poder para obtener beneficios personales o económicos.
Uno de los casos más tradicionales y preocupantes es el de la Asamblea Nacional. Luego de las elecciones del pasado 17 de agosto, la experiencia indica que no pocos asambleístas se preparan para ocupar su curul, no con el propósito de legislar en favor del pueblo, sino para participar en negociaciones opacas a cambio de su voto. Este tipo de prácticas degradan profundamente al Parlamento, que debería ser la cuna del debate democrático, y lo convierten en una plataforma de trueques políticos. Naturalmente y por el bien del país, se espera que los legisladores electos nos sorprendan de buena forma y destierren totalmente esa vieja e inmoral práctica.
A tan solo siete semanas de la segunda vuelta electoral —en la que se elegirá a las principales autoridades del país—, es fundamental que la ciudadanía logre identificar y desenmascarar a estos “inversionistas políticos”. El voto debe ser un instrumento de sanción para quienes representan intereses particulares, y una oportunidad para respaldar a quienes realmente buscan servir con integridad y compromiso. Una muy difícil tarea para el ciudadano, pero estrictamente necesaria.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Este deplorable fenómeno no se limita al Legislativo. Lo vemos replicado en quienes aspiran al Poder Ejecutivo y a la administración pública en general, en todos sus niveles. Muchos candidatos llegan con el objetivo de “recuperar” la inversión hecha en campaña, convirtiéndose en los principales promotores de una corrupción institucionalizada.
Si realmente aspiramos a un cambio en este nuevo ciclo político, con la propuesta de una “nueva visión de país”, la responsabilidad no recae únicamente en los votantes. También los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y sus líderes tienen un deber ineludible: seleccionar para cargos ministeriales y puestos clave a personas honestas, de conducta intachable y firmemente comprometidas con los valores democráticos.
Se ha dicho en múltiples ocasiones: estamos ante un momento extremadamente delicado y crucial, quizás uno de los procesos electorales más importantes de nuestra historia democrática. Todos los ciudadanos, gobernantes y gobernados, debemos actuar en consecuencia. Como reza el viejo adagio: «se predica con el ejemplo».
Después de tantas decepciones, esperemos que esta vez, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, se priorice el bien del país por encima de los intereses personales.
Fernando Crespo Lijeron