El embajador de Rusia en Bolivia, Dimitry Verehenko, a través de una carta, pidió a la ministra de Justicia, Jessica Saravia, para que coadyuve en la “resolución para desbloquear los fondos retenidos” de la empresa GSPI en Bolivia subsidiaria de la rusa Rosatom, a cargo de la construcción del proyecto Centro de Investigación y Tecnologías Nuclear en la ciudad de El Alto. Denunciada por una “deuda” de $us 5,2 millones a una empresa boliviana subcontratada.
Fuente: ANF
El diplomático además de enviar la carta al Ministerio de Justicia, remitió copias al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos del Ministerio de Hidrocarburos.
En la nota del 20 de agosto de 2020 solicitó a la ministra una reunión con los representantes de la S.A. GPSI subsidiaria de la corporación rusa Rosatom para exponerles detalles de un juicio ordinario que inició la subcontratada Boliviaven Group SRL (BVG) que demanda el pago de una deuda por su trabajo de $us 5.292.266.
El pedido se realiza en medio del proceso judicial en materia civil que había iniciado la subcontrata Boliviaven Group SRL. Es más, un juez determinó la medida cautelar de la retención de fondos por un monto de $us 5.292.266 de las cuentas bancarias de la subsidiaria GSPI.
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Por este motivo es que el embajador recurrió a la ministra Saravia para pedirle una reunión con la empresa rusa y su despacho “para que puedan exponer con más detalle las razones arriba expuestas y coadyuvar a la resolución para desbloquear los fondos retenidos y poder continuar sin mayor contratiempo el trabajo con la empresa GSPI con ABEN”, dice una parte de la nota a la que accedió la ANF.
No obstante, la solicitud se hizo en medio de un proceso judicial. El juez público civil y comercial 1° del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó la medida cautelar en el marco de ese proceso, sin embargo, posteriormente retrocedió en su decisión y resolvió inhibirse del conocimiento del proceso judicial.
Y determinó que el caso debe deducirse ante el Tribunal Arbitral Comercial Internacional ante la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa.
Respecto a la nota, el Ministerio de Justicia señaló a la ANF que “por procedimiento, en estos casos, la Unidad de Atención al Litigante (dependiente del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción) es el área encargada. Esta unidad recaba información para verificar si los procedimientos se han cumplido según lo que establece la normativa. En caso de encontrar alguna irregularidad, se hace conocer al Consejo de la Magistratura”
Asimismo, aclaró que esa unidad no revisa los casos en específico, sino que su competencia es verificar el cumplimiento de los procedimientos normativos.
El gobierno boliviano y la empresa rusa Rosatom firmaron en marzo de 2016, en la ciudad de El Alto, el acuerdo para la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear con una inversión de 300 millones de dólares.
La firma del acuerdo se realizó en un acto público que contó en ese tiempo con la participación del entonces presidente Evo Morales, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez y el director general de Rosatom, Sergey Kiriyenko. La construcción del centro estaba prevista que se levante sobre una superficie de 20 hectáreas.
El presidente del Estado, Luis Arce, este pasado 15 de julio informó que la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear (CIDTN) de El Alto llegó a un avance del 72% y destacó que la Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia brindó más de 78.000 atenciones médicas a la fecha. Cuando se inició el proyecto se anunció la inauguración para este 2025.
/ANF/